El Gobierno catalán está sopesando si debe acudir al fondo de liquidez autonómico, según reconoció ayer el secretario Organización de CDC y diputado de CiU en el Parlament, Josep Rull, aunque, a continuación, negó que esa eventual ayuda pueda considerarse como un «rescate».
En declaraciones en una visita a Vilafranca del Penedès, Rull destacó que el Ejecutivo que preside Artur Mas contempla la posibilidad de recurrir al fondo de liquidez como una ayuda y no como un rescate, una opción que aún no contemplan.
Es más, según Rull, se trataría de un «mecanismo de ayuda puntual» que debe ir en paralelo a la demanda del pacto fiscal. «Cataluña puede buscar mecanismos para hacer frente a problemas de tesorería, pero esto es una cosa puntual. La cuestión estructural es cambiar el modelo de financiación», señaló.
En la misma línea se pronunció el pasado viernes el portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, quien afirmó que la Generalitat estudiará si recurre al fondo de liquidez autonómica del Gobierno como ha hecho la Generalitat Valenciana, pero que, en caso de hacerlo, no se trataría de un rescate, sino de una línea de crédito.
El matiz de los responsables de CiU no deja de ser llamativo. La sola solicitud por parte del Consell de Alberto Fabra de las ayudas generó el viernes un aluvión de consideraciones sobre lo que muchos interpretaron como un rescate, aunque ningún responsable político del Gobierno valenciano o del PPCV lo considerara así. De hecho, el Consell emitió un comunicado para desmentir que esa solicitud constituyera rescate alguno. En cambio, Cataluña optó por abrir la misma puerta del Consell de Fabra, para añadir que en su caso, eso no constituía un rescate. El nuevo fondo de ayudas del Gobierno no contempla condiciones distintas según quién solicite liquidez, con lo que todas las comunidades que se adhieran tendrán el mismo tratamiento.
La pirueta de CiU no fue asumida por el resto de partidos catalanes. El portavoz de ERC en el Congreso, Alfred Bosch, consideró «más que probable» que la Generalitat de Cataluña se acoja al nuevo, lo que, a su juicio, equivaldría a abrir las puertas a una intervención de Cataluña por parte del Estado.
Por su parte, el secretario general de ICV, Joan Herrera, emplazó al Gobierno catalán a «no hacer comedia» y a admitir que esa ayuda constituiría un rescate.
Las dudas de Cataluña sobre la solicitud de estas ayudas contrastaron ayer con la negativa contundente por parte de tres autonomías. Canarias, Andalucía y Extremadura descartaron recurrir a este fondo, a pesar de que las dos últimas forman parte del grupo de ocho comunidades autónomas a las que el ministerio de Hacienda advirtió en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) sobre el riesgo que corrían de ser intervenidas por su desviación de los objetivos de déficit -y con un indiscutible problema para hacer frente a sus vencimientos de deuda en algunos casos-.
El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, descartó que su región vaya a recurrir a este mecanismo porque, precisó, Andalucía «tiene un diferencial amplio de más solvencia que otras comunidades autónomas». Así, recordó que la deuda en Andalucía se sitúa en 1.500 euros por habitante, una situación que, según el también coordinador de IULV-CA, coloca a otras regiones «muy por encima» en nivel de endeudamiento.
Por su parte, el presidente del Gobierno de Extremadura , José Antonio Monago, aseguró que la región «no va a acudir a ningún mecanismo de rescate», porque su problema es de déficit y no de liquidez. «A día de hoy Extremadura está cumpliendo con los objetivos de déficit, situándose por debajo del 1,5 por ciento», proclamó.
El consejero de Economía del Gobierno canario, Javier González Ortiz, sostuvo que esta región «no va a solicitar rescate financiero alguno ni se encuentra entre las comunidades autónomas advertidas por el Ministerio de Hacienda al estar cumpliendo el objetivo de déficit para 2012».
