La consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, anunció ayer la aprobación del anteproyecto de ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, que «dejará la aprobación definitiva de los planes urbanísticos en manos de los municipios», pero siempre bajo el control autonómico. Bonig informó del visto bueno en la rueda de prensa ofrecida junto al vicepresidente José Císcar tras el pleno del Consell.
La consellera dijo que para evitar «el solapamiento de competencias» el texto modifica el procedimiento actual de aprobación de los planes de naturaleza urbanística, que se hará en dos fases (autonómica y local), distinguiendo entre plan general estructural y el pormenorizado. De este modo, la conselleria marcará las directrices del desarrollo genérico del territorio y las «grandes manchas» urbanizables en una Memoria Ambiental y Territorial que será «preceptiva y de obligado cumplimiento» para los ayuntamientos, pero después, «la adaptación el plan de ordenación pormenorizada, es decir, el uso que se haga de estos suelos -terciario, residencial, etcétera- será competencia de los ayuntamientos».
Tras el trámite de ayer se abre un proceso de participación pública previo a la aprobación del proyecto de ley. El texto se enviará a más de 200 organizaciones sindicales, ecologistas y políticas para que puedan formular alegaciones hasta el 30 de septiembre.
Con esta reforma legal se «simplifica» el procedimiento y se propone una tramitación ambiental y urbanística «sencilla y unificada» que reduce a una cuarta parte el número de disposiciones legislativas necesarias en la actualidad, al pasar de unos 1.200 artículos a 273 (-77%). Por ejemplo, evita tener que recurrir a la revisión del Plan General (PGOU) del municipio para aprobar «pequeñas modificaciones urbanísticas», un trámite que en algunos casos ha llegado a superar los seis años.
Nuevos equipamientos
La voluntad de la nueva norma, insistió Bonig, es incrementar «la seguridad jurídica, clarificar el marco legal, aumentar la transparencia y las condiciones de igualdad en su elección y de los derechos de los propietarios y sus relaciones con el urbanizador».
La futura normativa también modifica la obligación de los ayuntamientos de destinar los beneficios obtenidos por la venta de suelo público a la construcción de vivienda de protección pública (VPP), y establece que ahora también lo podrá utilizar para sufragar «cualquier infraestructura u obra de titularidad pública».
