Un brigadista de Imelsa trabaja en la limpieza de la zona quemada en Macastre, ayer. / LP
Los virulentos incendios de Cortes de Pallás y Andilla han arrasado 50.000 hectáreas. Al contrario de lo que se tiende a pensar, más de la mitad de ellas no era de propiedad pública. «El 60% de la superficie arrasada era privada por lo que la responsabilidad es de sus dueños», apuntó ayer el diputado popular por Valencia, Esteban González Pons, durante una comparecencia del ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete. Es decir, que en estos casos, son los particulares quienes deben hacerse cargo de la limpieza de su terreno.
El vicesecretario general del PP destacó que la principal causa que desata fuegos como los de Cortes y Andilla no es la falta de limpieza sino el abandono de los campos. «En la Comunitat hay 1,5 millones de hectáreas forestales, 26 veces la superficie de Ibiza, ¿de verdad es tan fácil limpiarlas cada año? Los cultivos con falta de utilidad, que han dejado de labrarse, son auténticas bombas impulsoras del fuego», reflexionó.
En su comparencia, Arias Cañete destacó que del total de superficie calcinada, «20.000 hectáreas ya habían sido repobladas antes, por lo que habrá que avergiruar cómo se repoblaron entonces», señaló.
En cuanto a las ayudas, el titular de Medio Ambiente anunció que todos los daños agrarios «son amparables por el sistema de seguros agrarios» y apuntó que en total se han calcinado alrededor de 50.000 hectáreas, de las que 17.000 son superficie arbolada y 4.700, agrícola. De momento, continúa «el proceso de evaluación para poner en marcha las medidas oportunas de limpieza y cuando sea posible, la repoblación».
Por la mañan, el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, se mostró «convencido» de que el Ejecutivo central «dará todas las ayudas necesarias» a los damnificados. «Los primeros pasos los dimos nosotros», afirmó en relación al decreto del Consell por el que se destinarán nueve millones de euros a paliar los daños producidos por los incendios. Además, en las últimas jornadas han mantenido reuniones con los alcaldes para analizar «con exhaustividad» los daños.
Durante su intervención en el Congreso, Arias Cañete detalló la gran cantidad de medios desplegados durante la semana en la que las llamas arrasaron los montes valencianos. «Dada la gravedad de la situación, el ministerio desplazó 28 aeronaves, 246 personas sobre el terreno y 24 en centrales de operaciones». Y dejó claro que sólo han intervenido «brigadas profesionales, equipadas con GPS, que son los que conocen los riesgos y por ello no actuaron los voluntarios de los pueblos».
El titular de Medio Ambiente hizo un llamamiento para extremar «la prudencia» para que este verano «con unas condiciones tan adversas climatológicamente en la que nos encontramos, se pueda minimizar los riesgos de incendios». De hecho, explicó que una de las causas que agravaron los fuegos fueron la altas temperaturas y la situación de sequía «que venimos padeciendo».
González Pons hizo hincapié enlas complicadas condiciones a las que se tuvieron que enfrentar los medios de extinción, sobre todo, en los primeros días de los incendios. «Hubo temperaturas de más de 30 grados, una humedad relativa menor al 30%, vientos de más de 30 km/h, pendientes de más del 30% y más de 30 días de sequía acumulada». «La situación era tal que el fuego estaba fuera de su capacidad de extinción. Las llamas no se pódían apagar ni flanquear sólo intentar dirigirlas».
Mientras, el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, se reunió ayer con los alcaldes de los municipios afectados y les presentó la valoración de los daños en infraestructuras locales que afectan a servicios básicos, que ascienden a 4,3 millones de euros.
La estimación tiene en cuenta las afecciones en infraestructuras básicas (414.700 euros), carreteras (2.750.000 euros), caminos rurales (989.118) y riesgos geológicos (198.000 euros).
