La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo. / Rafa Molina
La decisión del titular del juzgado de instrucción número 5 de Alicante de proponer la imputación de la alcaldesa, Sonia Castedo, en relación con la investigación abierta por el PGOU de esa ciudad, deja el futuro político de la dirigente popular en manos de la dirección nacional de su partido. La número dos del PP, Dolores de Cospedal, confirmó ayer mismo que el partido ya está «examinando» la situación de Castedo. «Es un tema que está reciente y que está examinando en estos momentos el partido», reveló.
Castedo, igual que su antecesor en el cargo Luis Díaz Alperi, están siendo investigados por los supuestos delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho. La condición de ambos de diputados autonómicos obligó el pasado jueves al instructor a remitir la investigación al TSJ valenciano, que es el órgano judicial competente cuando la causa afecta a cargos aforados (como los diputados).
En el ámbito político, en cambio, la competencia para pronunciarse sobre la situación de Castedo y las medidas a adoptar al respecto no es del PP valenciano -ni en el ámbito regional, ni mucho menos en el provincial-, sino de la dirección nacional. Castedo, como alcaldesa de Alicante y por lo tanto de una capital de provincia, forma parte de la junta directiva nacional del PP, tal y como recoge el artículo 34 de los estatutos nacionales del partido. Por ese motivo, pronunciarse sobre su situación, a diferencia de lo que ocurre con el resto de diputados del PP valenciano imputados -siete- (a la espera de lo que ocurra con Rafael Blasco, Alperi y la propia Castedo), es competencia del comité nacional de derechos y garantías.
De hecho, el apartado de los estatutos que se hace referencia a las competencias de este órgano -que es el encargado de vigilar el cumplimiento de los derechos y las normas internas de todos los militantes del partido- explica que el citado comité tiene una «competencia genérica» sobre todos los afiliados del partido, y «competencia exclusiva» sobre los militantes que pertenezcan a alguno de los órganos nacionales del partido, como en este caso la junta directiva nacional.
Los estatutos aprobados por el partido en el último congreso nacional de Sevilla -impulsados precisamente por Alberto Fabra- prevén la apertura de expediente informativo para aquellos cargos que resulten imputados en una investigación judicial. El expediente informativo se convertiría en disciplinario con lo que se abre la puerta a la adopción de alguna sanción- en el caso de que la imputación diera paso a un juicio oral.
Comité regional
El pasado viernes, tras conocerse la decisión del juez Manrique Tejada de proponer la imputación de la alcaldesa, el vicepresidente del Consell José Císcar se refirió a su situación y a la del resto de cargos de su partido imputados o en proceso de serlo. Y anunció que el PPCV pondría en marcha antes del mes de agosto el comité regional de garantías, que presidirá Alfredo Castelló -y que lleva sin constituirse desde el congreso de los populares valencianos 2008-. Con todo, Císcar subrayó que Alberto Fabra no tiene «posibilidades legales» de actuar contra los cargos electos con una imputación judicial.
Por otra parte, la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Marta García-Romeu, aseguró ayer que la petición de imputación de Castedo no provocará que se replantee el PGOU de la ciudad. La dirigente popular replicó así a la posición expresada por los grupos municipales de PSPV y EU que, tras conocerse la propuesta de imputación, coincidieron en que el escrito del PGOU, que se encuentra en su fase final de tramitación en la Generalitat, debía devolverse a la ciudad de Alicante para iniciar desde cero su elaboración.
