Mil y una estratagemas para hacer pasar gato por liebre. La trama de la causa de la cooperación tenía un modus operandi digno del guión de la mejor película de acción. Sólo así se entiende que lograran desviar ayudas millonarias destinadas a la construcción de pozos de agua potable y estructuras alimenticias en Nicaragua para comprar pisos y garajes en Valencia.
En su auto, la juez Nieves Molina explica a la perfección cómo se obró el milagro de convertir pozos en pisos y hospitales en Haití en meros proyectos fantasma cuyos fondos acabaron en los bolsillos de quienes no tocaba. En concreto, la magistrada hace alusión a un «contundente» informe provisional de la Intervención General del Estado, en el que se hace constar que en el gran proyecto de los pozos de agua de Nicaragua, la fundación Cyes (distinta de la empresa constructora del mismo nombre) recibió 1,66 millones de euros por dos subvenciones, aunque «queda constancia por la documentación bancaria analizada que sólo 43.000 euros se transfirieron» al país americano.
Además, el informe da cuenta de la adquisición de los cuatro inmuebles en Valencia por importe total, gastos incluidos, de 969.875 euros, con cargo a las cuentas abiertas donde se hicieron las subvenciones. Para la juez Molina, «las irregularidades en la justificación del gasto son fácilmente detectables tras el análisis de los expedientes». De hecho, una de las trampas está en que en las facturas que fueron expedidas por la administración «constan emitidas por comercios nicaragüenses, en moneda local, córdobas, aunque fueron computadas en euros». Además, todos los documentos correspondían a compras o servicios hechos con fecha posterior a la finalización del proyecto y facturadas por terceros o agrupaciones nicaragüenses, no a Cyes. Como ejemplo, un euro equivale a casi 30 córdobas, por lo que los 'cambiazos' resultaron fáciles para la trama.
Además, según información facilitada por la Brigada de blanqueo de capitales, tras las averiguaciones respecto a las sociedades americanas que resultaban beneficiarias de las transferencias operadas desde las cuentas de las ONG, se demuestra que el elemento común a ellas era «el domicilio principal de la empresa, que coincidía con el del empresario Augusto César Tauroni».
De hecho, en las bases de la solicitud se pedían dos requisitos que la Fundación no cumplía: concurrir con otra entidad que estuviera domiciliada en la Comunitat y tener experiencia previa. Y Cyes, según la declaración ante la juez de su presidente, «antes sólo había hecho cursos de formación y no proyectos». Eso no importó, porque el entonces conseller, Rafael Blasco, «presionó» a los técnicos para que se adjudicara. «El conseller se enfadó y nos dijo que él era el único que interpretaba la norma», reconoció un técnico ante la juez. «Dijo que los requisitos sí estaban acreditados y nos acusó de no tener ni idea, por lo que a partir de ese momento él iba a revisar todos los expedientes que habíamos tramitado», desveló.
En el caso del proyecto del hospital de Haití, las trampas no se hicieron de manera más discreta. «Se tenía decidido que ese concurso iba a resolverse en favor de la Fundación Esperanza sin Fronteras, que se limitaba a poner el nombre, estando realmente detrás de la misma Entre Pueblos». La subvención para el proyecto del hospital que iba a construirse después del terremoto de Haití ascendía a cuatro millones de euros.
De esa cantidad, Esperanza sin Fronteras tenía que poner un millón de euros (en concepto de adelanto del 20% de la ayuda), pero «al carecer de esa cantidad, la aportó una fundación americana que suscribió un compromiso ante notario para avalar ese importe», según el auto. Curiosamente, resultó ser la «America Hope and Mercy Foundation». Las conversaciones telefónicas pusieron de relieve que la misma fue creada por Augusto César Tauroni, el único de los imputados que se encuentra en prisión. La fundación americana fue constituida en Florida, sólo seis días antes de que expirase el plazo para presentar solicitudes al proyecto.
