El CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) ha dado un paso más y en la reunión de la comisión permanente de ayer aceptó incluir la petición de amparo que ha solicitado el juez titular de la sala de Nules, Jacobo Pin, que es el instructor del 'caso Fabra'.
Tal y como explicaban fuentes del organismo a este periódico, el trámite de ayer consiste en aceptar estudiar de manera formal esta atípica situación como es el que un juez solicite el amparo por ver «perturbada» su independencia y lo haga por presuntas presiones de otro juez superior, en este caso de la Audiencia Provincial.
Ahora el siguiente punto pasa porque la Audiencia remita todos los escritos oficiales en torno al proceso que se sigue contra el presidente del PP de la provincia de Castellón. Es decir, que remitan una relación de los autos, los recursos resueltos así como los que quedan pendientes. Con este punto, el CGPJ quiere conocer la versión de la Audiencia y el por qué considera la sección primera que Carlos Fabra debe estar eximido del delito de cohecho, que es el principal punto de enfrentamiento entre el juez instructor y la Audiencia.
En este sentido, cabe recordar que el pasado viernes uno de los vocales de este organismo, José Manuel Gómez Benítez ya avanzaba que «algo habrá» en torno a la petición de amparo de Jacobo Pin. Pese a todo, otros miembros del poder judicial manifestaban que puede que se trate de una «simple diferencia de criterios entre dos salas». En lo que sí coinciden todos es en que es «muy inusual» la situación ya que, tal y como explicaban desde el organismo que garantiza la indepencia de los jueces españoles, «lo habitual es que se solicite el amparo por presiones de ayuntamientos o empresas, pero no de otros jueces de rango superior».
Así las cosas, si la Audiencia de Castellón remite toda la información a tiempo, «el caso podría resolverse el próximo martes ya que el CGPJ es muy rápido en todas las resoluciones», según las mismas fuentes. En cuanto a qué supondría el amparo por parte de este órgano judicial, tal y como matizaban desde el propio CHPJ iría desde una sanción administrativa hasta una posible inhabilitación de los jueces de la Audiencia. Sin embargo, nunca se entra a valarorar el fondo de la cuestión que en este caso es el cohecho.
Jacobo Pin, después de tres años de instrucción trasladó a la Audiencia un auto de inicio de juicio oral contra Carlos Fabra y le imputaba cuatro delitos fiscales, tráfico de influencias y cohecho. Sin embargo, la sección segunda de la Audiencia remitió un auto al instructor en el que señalaba que Carlos Fabra no podía ser juzgado por cohecho ya que en ningún lugar aparecía que hubiera actuado como cargo público en el escenario de los hechos que se debía juzgar.
