El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), José Manuel Gómez Benítez, considera que «algo debe haber» cuando Jacobo Pin, juez instructor de la causa contra Carlos Fabra, ha denunciado presiones de la Audiencia de Castellón, un asunto que, según ha adelantado, analizarán el próximo martes la comisión permanente del órgano de Gobierno de jueces y magistrados.
En declaraciones realizadas a los medios, Gómez Benítez subrayó que la solicitud de amparo registrada por Pin es una medida «muy infrecuente» por lo que -dijo- «no hay duda de que algo debe haber». De hecho, tal y como ya avanzaba en su edición de ayer este periódico, no hay casi antecedentes en los que un juez pida amparo por injerencias de otro órgano superior.
Tal y como explicaban desde el CGPJ, normalmente se pide amparo ante presiones de ayuntamiento o empresas, pero no de otros jueces. Así las cosas, Gómez Benítez tras señalar que la solicitud de amparo por presiones de la Audiencia de Castellón en la causa contra el presidente provincial del PP, Carlos Fabra, ya ha sido admitida a trámite, ha explicado que la comisión permanente será la encargada de dar el «primer paso» a la hora de analizar los hechos denunciados por el juez y emitir una propuesta al resto del CGPJ. «El martes lo verá la comisión permanente y analizaremos los hechos y, obviamente, si son verdad, procederemos al amparo», ha dicho Gómez Benítez, quien ha opinado que, «procediendo de un juez», su denuncia «debe de ser analizada con toda seriedad, como siempre».
Fuentes de este órgano explicaban ayer a LAS PROVINCIAS que en el caso de que haya amparo, puede ir desde una sanción admnistrativa hasta la inhabilitación del presidente de la Audiencia, Carlos Domínguez, si se demuestran presiones. Tal y como recoge el propio reglamento interno, si bien está muy abierto, puede haber varios tipos de sanciones si se aprueba el amparo aunque, fuentes del organismo reconocían que «no hay dos casos iguales» por lo que habrá que analizar la situación en detalle.
Por cierto que, el presidente del organismo provincial declinó ayer hacer declaraciones a este periódico, pero sí explicó en otros medios de ámbito provincial que la denuncia de Jacobo Pin es «una opinión», restando importancia a los hechos. Pero la realidad es que la situación es muy insólita e, incluso, tremendamente delicada ya que en el fondo se está analizando la independencia de un juez, elemento clave del Estado de Derecho.
Sobre esta solicitud también ha sido cuestionado en la capital cántabra el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, quien se ha limitado a afirmar que «respeta totalmente» la decisión adoptada por el juez Pin, tal y como recogía Europa Press. Ha recordado que se trata de un «derecho» que tienen todos los órganos judiciales a presentar ante el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano competente, «si se sienten inquietados». Una opinión que contrasta con la del fiscal en Castellón, Javier Carceller, quien considera que la Audiencia Provincial de Castellón «no ha estado a la altura».
