El vicepresidente José Císcar, tras el pleno del Consell. / LP
La juez Nieves Molina, titular del juzgado que investiga el supuesto desvío de fondos públicos destinados a ayudas al Tercer Mundo desde la conselleria de Solidaridad, se dirigió el pasado 22 de junio al Gobierno valenciano para reclamarle los expedientes administrativos correspondientes a las subvenciones concedidas a las ONG implicadas en la trama.
El vicepresidente del Consell, José Císcar, desveló ayer este requerimiento del juzgado. Y argumentó que, al estar «judicializados» los expedientes y «para no interferir con la labor de la justicia», por el momento no se hará público el informe que está elaborando la administración autonómica sobre las subvenciones que están siendo objeto de investigación en el juzgado, y que, según subrayó, estaba «prácticamente ultimado».
El objetivo de la comisión, según recogía el acuerdo de su constitución, era «pronunciarse sobre la legitimidad de los procedimientos» de esas subvenciones de cooperación «en todas sus bases, en beneficio de la transparencia del proceder administrativo y del interés público».
Fuentes de la administración autonómica explicaron ayer a este diario que el contenido del informe elaborado por los técnicos de la conselleria de Justicia y Bienestar Social sobre las ayudas concedidas no revela «irregularidades graves» en el proceso administrativo de tramitación de ayudas. No obstante, la misma fuente se apresuró a subrayar que el hecho de que la tramitación administrativa sea la correcta no implica que también lo haya sido el uso que se haya dado al dinero público en todos y cada uno de los proyectos investigados.
El escrito remitido al Gobierno valenciano en el que se solicitan los expedientes de las ayudas para ONG implicadas en la trama tiene la misma fecha que el de la Fiscalía en el que pide imputar al portavoz del PP en Les Corts y exconseller de Solidaridad, Rafael Blasco. En ese documento, el ministerio público consideraba que existían «fundados indicios de la participación» en los hechos investigados de Blasco y la posible comisión de los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos.
El pronunciamiento del ministerio fiscal es consecuencia de la resolución dictada por el juzgado de instrucción número 21 de Valencia el día 12 en la que apreciaba indicios para «imputar hechos de naturaleza delictiva» a Blasco, y solicitaba a Les Corts que certificaran y acreditaran la condición de diputado autonómico del portavoz popular.
El siguiente paso de este procedimiento consiste en la exposición motivada que la titular del juzgado número 21 elevará al TSJ valenciano con la argumentación por la que considera que el caso del supuesto desvío de fondos públicos debe ser investigado por el alto tribunal valenciano. Si el TSJ da la razón a la juez, la investigación pasaría a manos del alto tribunal. El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, mantiene a Blasco suspendido de sus funciones hasta que se confirme esa imputación. «El sabe el camino a seguir», ha señalado sobre ese escenario.
