Una empleada de hogar limpia un cristal./ Reuters
La nueva regulación para empleadas de hogar ha creado más empleo sumergido del que había. A falta de los datos oficiales, que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social dará a conocer el próximo martes, alrededor de 62.000 personas (72%) se han quedado fuera del sistema al cierre del plazo habilitado para adaptarse a la norma, que entra en vigor el domingo. Ni siquiera las trabajadoras que ya estaban regularizadas han conseguido que sus empleadores les hagan un contrato. A inicios de junio había fuera del sistema un 26% de las 10.000 asistentas que hasta entonces trabajaban como autónomas en varios hogares de la Comunitat, comenta Cándida Barroso, secretaria de la Mujer en CC OO-PV. El caso de las trabajadoras domésticas empleadas por una única familia es distinto, puesto que, automáticamente, pasan al nuevo sistema. Barroso estima que serán unas 14.000. A finales de mayo, según la Seguridad Social, la mitad (13.800) de las afiliadas no se había trasladado.
La ineficacia de la regulación para aflorar nuevos empleos ha llevado al Gobierno a plantearse una modificación. La Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados aprobó el pasado 24 de mayo una enmienda en la que compromete al Ejecutivo a presentar un nuevo texto. Será, según el texto remitido al Senado para que continúe su tramitación, durante el segundo semestre del año. No obstante, antes tiene que ser analizado por la Cámara Alta. Desde el Ministerio de Empleo ya se habla de una segunda fase en la que se pondrán en marcha nuevos incentivos para lograr que todas estas trabajadoras también desarrollen su labor dentro de la legalidad, informa Europa Press. El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, añadió que el «efectivo análisis» del proceso de integración llevará meses.
El sindicato Gestha, de técnicos del Ministerio de Hacienda, lamenta que con el nuevo sistema «va a haber más economía sumergida de la que había», y trata de explicar la reducida adhesión por el momento económico que puede llevar a muchas trabajadoras a no exigir su regularización ante el temor de ser despedidas, según su secretario general, José María Mollinedo.
Coinciden en el análisis desde UGT-PV, donde han detectado bastantes casos de despidos. La secretaria de Acción Sindical, Leo Fornés, recuerda el caso de una trabajadora que aseguró que su empleadora le amenazó con despedirla porque «hay muchos inmigrantes indocumentados dispuestos a trabajar en negro y por menos dinero». Este supuesto se da más entre trabajadoras extranjeras, mientras que entre las españolas, según el sindicato, hay más casos de empleadas que se niegan a negociar a la baja sus salarios para compensar las cotizaciones y aceptan no ser regularizadas.
Entre la quincena de personas, entre asistentas y empleadoras, que a la semana pasaban por el sindicato para informarse había casos de todo tipo. Fornés asegura que hay familias que tenían a una trabajadora en negro y que, para evitar problemas ante posibles accidentes laborales, prefieren darlas de alta. Pero no es lo habitual. Muchas personas, sobre todo «la gente mayor, desconoce esto». Al resto, en muchos casos, les echa para atrás tener que darse de alta como empresa, el papeleo o si les perjudicará en declaración de la renta.
Desde CC OO-PV, Barroso subraya que la labor de las asistentas no se considera socialmente un trabajo, incluso por un sector de las propias empleadas, que lo ven como una «ayudita». Añade que esta regulación perseguía «darle dignidad, visibilidad y seguridad» pero que, aunque no sirve de excusa, la crisis ha jugado en su contra.
Lamentan la escasa información que ha facilitado la Administración central -CC OO-PV ha realizado más de 200 actos en el primer semestre del año- y denuncian que la Generalitat ha eliminado las ayudas a la contratación indefinida a jornada completa para trabajo doméstico o cuidado de personas dependientes. El sindicato explica que esta subvención se venía convocando desde 2003, dentro del marco de ayudas destinadas al fomento del empleo estable y otras medidas para la creación de empleo, y que en 2011 la ayuda era de hasta 3.000 euros.
