Con una sonrisa de oreja a oreja se volvió ayer la portavoz municipal, la socialista Antonia Moreno, de su viaje a Valencia para retomar las negociaciones con la Generalitat al hilo de la controversia generada por la situación en que se encuentran los edificios judiciales.
A juicio de la edil de Planificación y Proyectos, el avance más destacado durante el encuentro de ayer en la capital, al que le acompañó su compañero y titular de Urbanismo Antonio Zapata, fue el reconocimiento expreso que, según informó la concejal, realizaron los representantes del gobierno autonómico de que «independientemente de cómo sea el acuerdo final, saben que tendrán que pagarle al municipio de Orihuela». De hecho, Moreno indicó que el documento oficial, realizado por técnicos de Hacienda de la Generalitat, reconoce el diferente valor de ambos edificios en favor de Orihuela, por lo que procede la compensación económica al municipio, si bien las cantidades están muy lejanas la una de la otra, al marcar 3 millones y 1,5 millones de euros, respectivamente. O sea, el doble justo.
En todo caso, la edil sostuvo que el reconocimiento «en un informe propio y oficial de la Generalitat» ya abre la puerta a buscar acuerdos, para lo que en principio Antonia Moreno otorga un mes de plazo. En esta dirección la representante socialista indicó que en virtud de las cantidades y los plazos que se necesitan para cubrirlas es donde radica la clave de la negociación, si bien defendió que hay voluntad de acuerdo por las dos partes. Respalda su afirmación Moreno en el hecho de que uno de los asistentes a la reunión fuera el secretario autonómico de Justicia, Antonio Gastaldi, lo que otorgó al encuentro y a los diferentes aspectos de la negociación un tono más político «que contribuirá a desbloquear la actual situación». Quiso Moreno, en este sentido, poner en valor la importancia de los técnicos de la Generalitat, si bien matizó que los avances se cuentan desde el punto de vista político «porque es ahí donde reside la capacidad de avanzar o no». En esta misma dirección, la edil indicó que al encuentro acudieron funcionarios del área de Hacienda, si bien echó de menos la responsable socialista de Orihuela, algún asistente con un perfil más político que hiciera avanzar aún más las conversaciones. Lo que sí ha quedado ya descartado es el recurso del desahucio tras iniciarse la negociación y el talante mostrado por la administración autonómica.
Los delegados de Hacienda, de entrada, también rechazaron diferentes formas de pago, sobre todo cualquiera que hiciera referencia al contado, lo que el gobierno local entiende como «lógico» a tenor del precario estado en que se encuentran las cuentas de la Generalitat Valenciana.
Arbitrio judicial
Si finalmente las partes implicadas no encontraran la senda del acuerdo, para lo que Moreno se dio un plazo de un mes, los actores aclararon que acudirían a un «arbitrio judicial», las y como explicó la portavoz oriolana, aunque no está en la voluntad del Consell ni del gobierno municipal apurar las conversaciones hasta ese punto, aunque ninguno de los presentes se mostró dispuesto a mover las cantidades económicas que maneja.
