El Consell que dirige Alberto Fabra se lo ha pensado mejor. O eso, o la necesidad de recaudar fondos a corto plazo aprieta demasiado a las finanzas de la Generalitat. Sea como sea, el pleno del Consell aprobó ayer el conjunto de nuevas tasas que permitirán al Ejecutivo autonómico recaudar más de 156 millones de euros extra cada año. En concreto, se implantarán nuevos tributos medioambientales, tasas en justicia, se subirá un punto el tramo del impuesto que grava, entre otras cosas, la compraventa de inmuebles y se recuperará el famoso y controvertido impuesto sobre el patrimonio.

Precisamente en este punto llega la mayor novedad, porque el Consell ha vuelto a rectificar y adelantará un año el cobro de este tributo que en la actualidad estaba bonificado al 100% por la Administración autonómica. La polémica no queda ahí. En el decreto de recortes del 5 de enero, el conseller de Hacienda, José Manuel Vela, descartó toda posibilidad de cobrarlo. El mismo que ayer aseguró que no sabía si entonces cometieron un error, pero «ahora las circunstancias mandan». Y esas circunstancias cambiaron hace meses. De ahí que en mayo, con el plan de reequilibrio que el Gobierno de Rajoy exigió a las comunidades, el Consell se pensara mejor la idea e incluyera el cobro del impuesto de patrimonio para el año 2013. Todo sea por el 1,5% de déficit que exigía el Ministerio de Hacienda. Pero la sorpresa ayer llegó con que el Gobierno valenciano no sólo recuperará el tributo que grava el patrimonio, sino que adelantará su cobro un año. Así, 2012 será año tributario, aunque el impuesto no se recaudará hasta 2013, a año vencido. La cifra estimada por la Generalitat asciende a 70, 6 millones de euros. La medida llega incluida en una disposición final de la ley de impuestos medioambientales. Es la vía que ha encontrado el Consell para cobrar de manera adelantada este impuesto, que en principio, estaba bonificado en su totalidad durante los ejercicios 2011 y 2012.

El conseller de Hacienda pasó por encima de la rectificación, que sí estaba incluida en el dossier de prensa, y preguntado por si aplicar el impuesto de patrimonio cuando se había negado suponía reconocer que se habían cometido errores, aseguró que «todos los gobiernos intentan ser responsables» y actúan «en función de las circunstancias». Así, señaló que «en un momento las circunstancias pueden aconsejar una determinada iniciativa y, en otros casos, las circunstancias cambian». «Rectificar es de sabios», subrayó el conseller, quien ha añadió que «muchas veces rectificar es acertar». «A mí no me duelen prendas si hay que rectificar» señaló Vela.

Pero el impuesto de patrimonio para rentas de más de 100.000 euros no es la única medida por la vía de los ingresos que aumentará las arcas autonómicas. Junto a este tributo, se une el aumento en un punto del impuesto de transmisiones patrimoniales y de actos jurídicos documentados, que pasa del 7% actual al 8. Con esa subida se prevé recaudar 44,7 millones de euros anuales para compensar la caída en este tributo, estrechamente relacionado a la compraventa de viviendas o inmuebles o la firma de hipotecas, en sus horas más bajas.

También por la vía de los ingresos, el Consell remitió ayer al Consell Jurídic Consultiu el anteproyecto de ley de impuestos medioambientales, para su inmediata aprobación. Dicha ley incluye la creación de dos nuevos tributos verdes que gravarán las actividades empresariales que inciden en el medioambiente y otro para la eliminación de residuos en vertederos. «El que contamina, paga», avisó Vela. Así, las actividades afectadas por el nuevo impuesto serán la producción de energía eléctrica, la producción o almacenamiento de sustancias peligrosas, el almacenaje de residuos radioactivos y la emisión de gases contaminantes. Quedan exentas las actividades de producción de energía renovable, las que son para autoconsumo o el almacenamiento de residuos para uso médico. También se penalizará el vertido de residuos en vertederos. El conjunto recaudado previsto por la Generalitat ascenderá a 30,94 millones de euros al año. Ese dinero se destinará íntegramente a la financiación de políticas ambientales.

Por último, las arcas de la Generealitat se engrosarán con la nueva aplicación de tasas en la Justicia. El Consell tiene previsto ingresar de ocho a diez millones de euros cada año, pero destinará el importe a mejorar las infraestructuras judiciales.Por ejemplo, una reclamación entre vecinos que llega al Juzgado, o un accidente de coche en el que los afectados no se ponen de acuerdo será resuelta previo pago de entre 50 y 95 euros. Ese es el precio que pasan a tener las demandas de determinados procedimientos civiles. O, por ejemplo, recurrir en apelación o en casación costará 95 euros. Si, por el contrario, un ciudadano quiere demandar a la administración (por ejemplo, por un accidente con un bordillo), deberá abonar entre 75 y 95 euros. Eso sí, quedarán excluidas las demandas penales y las personas con derecho a justicia gratuita.