La Comunitat Valenciana tiene que hacer frente en el segundo semestre del año a vencimientos de deuda financiera de más de 1.500 millones de euros, intereses aparte, aproximadamente un tercio de toda la deuda que vence este año. Aunque los vencimientos más elevados se han concentrado en la primera mitad del año, la realidad es que la Generalitat no dispone en este momento de capacidad para endeudarse ni de respaldo del Estado para afrontar esos compromisos.
En la primera mitad del año, el Gobierno regional ha podido amortizar o refinanciar deuda por un importe cercano a los 3.000 millones de euros gracias a que ha contado con el respaldo del Estado. El Gobierno, que se comprometió a no dejar caer a ninguna comunidad autónoma, ha articulado el apoyo fundamentalmente mediante el ICO.
En el caso de la Comunitat, se dispusieron dos partidas. Una de 1.022 millones de años, que se utilizó a principios de año, y otra de 1.600 millones que se consumió con la amortización de un crédito de 500 millones de euros suscrito con varias entidades financieras extranjeras y con el vencimiento de una emisión de bonos patrióticos el pasado mes de mayo.
Pero a partir de ahora no está claro cómo se va a concretar el apoyo. La Comunitat tiene varias fechas marcadas en rojo. A principios de noviembre tendrá que renovar una emisión de pagarés de 500 millones de euros al 7% de interés, mientras que a finales de año se enfrenta a la devolución de 900 millones de euros en bonos minoristas.
La intención del Gobierno y el deseo de las autonomías era que el Estado pudiera asumirlas colocaciones autonómicas mediante los llamados hispanobonos, un proyecto que ya acumula varias semanas de retraso porque se están analizando las implicaciones legales. La última opción que se baraja es que sean las autonomías las que coloquen su deuda con el aval del Estado, ya que de esa forma no se mutualiza el riesgo.
En el caso de la Comunitat, el acceso a los mercados de capitales está completamente cerrado porque su deuda a largo plazo está calificada como bono basura. Por ello, su capacidad para hacer frente a los vencimientos que todavía restan en 2012 depende únicamente de la solución que sea capaz de disponer el Gobierno.
