El Consejo de Ministros ha llegado a un acuerdo por el que se imponen al Ayuntamiento de Alcoy y a la promotora Luxender, solidariamente, una sanción de 601.012 euros, así como la obligación de reponer los terrenos a su estado primitivo del barranco del Zinc. La resolución confirma la sanción anunciada a finales del año pasado por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
Esta multa se impone por la ocupación de un tramo del barranco del Zinc y varios barrancos afluentes sin autorización de la CHJ, en el término municipal de Alcoy, según recuerda la referencia del Consejo de Ministros de ayer.
El Ayuntamiento de Alcoy decidió retirar a Luxender la condición de urbanizador de Serelles y asumir él mismo la gestión directa del proyecto para finalizar las obras de la primera fase de viviendas y dotarlas de las infraestructuras fijadas en el contrato recurriendo a los avales depositados por la empresa, por valor de 3,5 millones de euros.
