Ignacio Bernácer, ex jefe de explotación de la Epsar, entidad dependiente de la Generalitat que controla todas las depuradoras de la Comunitat, insiste en la misma línea que recientemente le ha supuesto un varapalo judicial al gerente de Emarsa, Esteban Cuesta. El investigado incide en que el magistrado que instruye la causa debe citar como imputados a todo el consejo de administración de la depuradora de Pinedo. Esta misma semana, el titular del juzgado notificaba un auto en el que rechazaba esta posibilidad solicitada por Cuesta. La respuesta para Bernácer, sin duda, será idéntica.
La estrategia es compartida por los principales imputados en el desvío de fondos de la depuradora. Crespo, Cuesta y ahora Bernácer tratan por todos los medios de repartir su presunta responsabilidad entre el consejo de administración de Emarsa. Una manera de extender las culpas. La defensa de Bernácer considera que los integrantes de la dirección permitieron las irregularidades que durante años ocasionaron el expolio de la planta de Pinedo. Pero el juez ya ha resuelto que no hay indicios contra los miembros del consejo e incluso criticó el fin último de esta maniobra judicial.
El abogado de Bernácer sostiene que desde la Epsar únicamente se vigila y se interviene en la depuración de las aguas residuales. Se controla si esta es adecuada y se valora lo que cuesta hacerlo bien «pero en base a sus parámetros no a los contratos de Emarsa, que no conoce», según recoge en su recurso al auto de imputación. Por este motivo, el ahora imputado «nunca» pudo conocer el fraude que se estaba produciendo en la planta de Pinedo.
Bernácer también rechaza que se establecieran los 42 euros por tonelada de lodo -el triple que se pagaba en otras plantas- como un método para desviar fondos propios de la planta. Esta cantidad se correspondía «con una valoración de la gestión integral de los lodos».
Así, tras negar los dos puntos anteriores, el recurso de Bernácer arremete contra los dos imputados que, en sus declaraciones ante el titular del juzgado, lo acusaron de ser uno de los artífices del entramado destinado a expoliar los recursos de la planta. El letrado critica que, según él, únicamente por esas acusaciones hayan imputado a su representado, lo que le ha hecho perder su trabajo. Fue uno de los altos cargos destituidos por Fabra. Su declaración ante el juez comienza el próximo 5 de julio.
