La lista de delitos por los que acusa la Fiscalía es casi interminable. Robo con violencia, hurtos, coacciones, robos con fuerza en domicilios, delitos contra las garantías constitucionales y simulación de delito, entre otras ilegalidades.
Los integrantes de la mafia policial, que se dedicaba a quedarse con el dinero y la droga de algunos traficantes tras entrar en sus domicilios, se enfrentan a penas de cárcel de hasta 17 años. Esta es, por ejemplo, la petición del Ministerio Público para D. G. L., agente que estaba destinado en la comisaría de Tránsitos y que lideraba el grupo delictivo al que se sumaron incluso compañeros de otras unidades policiales.
Así, para otro de los acusados J. M. A., que formaba parte de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco), solicitan más de cinco años de prisión. E. G. L., que estaba destinado en la Policía Autonómica, se enfrenta a tres años y ocho meses de prisión. La Fiscalía solicita también otros diez años y medio para D. G. M., compañero en Tránsitos del cabecilla de la red. J. L. D. P., otro de los agentes, puede pasar en la cárcel otros siete años y medio.
La actividad ilícita del grupo se desarrolló entre los años 2008 y 2010. Los policías se aprovecharon de la autoridad que les otorga su condición para obtener información a través de diferentes confidentes y apoderarse del dinero y la droga de los traficantes. Posteriormente se dedicaban a venderla para buscar su enriquecimiento. No les importaba usar la violencia en los casos en los que fuera necesario.
La primera de sus acciones fue en abril de 2010. Tres de los anteriores agentes acudieron a casa de un traficante. Lo esperaron en el portal y tras identificarse trataron de subir al domicilio. La víctima se negó y le propinaron una paliza para que accediera. Sin embargo, unos vecinos se percataron del tumulto en la fina y obligaron a los policías a huir del lugar.
Unos días más tarde se procedió, bajo la dirección del cabecilla de la mafia policial, al registro de un domicilio con autorización judicial. D. G. L. se apoderó de 1.600 euros de una hucha sin que el secretario judicial se percatara de la actuación del agente.
En mayo, tres de los acusados se enteraron por un confidente que un traficante podía almacenar droga en su casa. Los agentes pararon al sospechoso por la calle y le obligaron a que acudiera a la comisaría para identificarle. En las dependencias policiales se llevaron sus llaves del piso e hicieron una copia. No tardaron en acudir a su domicilio. Sin embargo, la víctima regresó antes de que abandonaran la casa y los sorprendió en el baño. Se excusaron en que la puerta estaba abierta y habían entrado para evitar un posible robo.
124 gramos de cocaína
La siguiente acción delictiva fue similar a la anterior. A través de otro confidente averiguaron que un traficante disponía en ese momento de una importante cantidad de cocaína en su piso de la avenida Juan XXIII.
Lograron que su fuente concertara una cita con el camello y así tener una excusa para arrestarle. Una vez en la comisaría, aprovecharon para acudir al domicilio sin orden judicial y se apoderaron de 124 gramos de cocaína. El líder de la trama cogió los dos paquetes y los guardó en su propia motocicleta policial. En ese instante fue arrestado por dos agentes de Asuntos Internos.
En otra ocasión, el cabecilla instó a su cuñado a que presentara una denuncia falsa por una supuesta sustracción para obtener así una indemnización por el seguro de su casa y un teléfono móvil.
Un mes más tarde, dos de los agentes acudieron a la calle Padre Ferris para devolverle un favor a un confidente. La fuente había vendido con anterioridad una motocicleta a otra persona. Pero ahora quería recuperarla.
Los policías se desplazaron en una furgoneta a la citada calle para llevarse el vehículo y entregárselo al anterior propietario. Tres de los ahora acusados ya estuvieron en prisión tras prestar declaración en el juzgado de guardia.
