La Fiscalía de Valencia solicita una pena de dos años y tres meses de prisión contra el diputado provincial y alcalde de Cullera, Ernesto Sanjuán, al que acusa de permitir que tres pubs de la localidad superasen durante varios años los límites de ruido.
Según consta en el escrito fiscal, el primer edil era conocedor de esta situación por las continuas denuncias vertidas por parte de los vecinos afectados y, sin embargo, no actuó. Fuentes municipales, en cambio, defendieron ayer la actuación del responsable que trasladó los locales a otra zona del municipio.
El fiscal pide contra Sanjuán, a quien acusa de un delito de prevaricación medioambiental tipificado en el artículo 329 del Código Penal, ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, y que pague las costas procesales.
El Ministerio Público también dirige la acusación contra los dos gerentes de los tres pubs -establecimientos ya cerrados- que causaron molestias a los vecinos, para los que pide tres años y un mes de prisión por un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales. Además, les solicita que paguen una multa de 6.600 euros. En relación a la responsabilidad civil, reclama una indemnización de 6.000 euros para cada vecino que acredite haber sido afectado.
Según consta en el escrito de calificación provisional, durante más de 15 años, desde el inicio de las actividades de estos pubs hasta, al menos, julio de 2008, residentes de las comunidades propietarios de los Edificios Madrid, Mar y Luz, Náutic, Mar y Montaña y Pato Salvaje, formularon multitud de denuncias ante la Policía Local y el Ayuntamiento en las que hicieron constar los perjuicios que estaban padeciendo por los ruidos.
En estas denuncias, los vecinos criticaban el funcionamiento ilegal de los pubs, la carencia e insuficiencia de insonorización, las actuaciones musicales en directo y la contaminación acústica. De igual modo, lamentaban otras actividades como la venta de bebidas alcohólicas en la calle y el incumplimiento reiterado de los horarios de cierre.
Las denuncias obligaron a la toma de muestras sonométricas en más de 20 ocasiones, desde 1997 hasta 2007, que constataron la amplia superación de decibelios en la zona.
