En julio de 2008, la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), conocida por su vinculación con el caso Emarsa, designó a Aguas de Valencia como socio privado en una empresa mixta, Emimet, que debía suministrar el agua potable desde las potabilizadoras de Manises y Picassent hasta Valencia y otros 42 municipios del área metropolitana.
El contrato suponía una facturación de unos 50 millones de euros anuales por un periodo de 50 años. Es decir, 2.500 millones de euros gracias al servicio del suministro hídrico 'en alta', un jugoso contrato que ahora el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha anulado por «ser contrario al ordenamiento legal aplicable».
¿En qué se basa el alto tribunal para anular la designación de Aguas de Valencia como socio privado? Enrique Crespo, entonces presidente del Emshi, encargó un informe externo a la empresa Secuenzia Píxel, una firma que en realidad se dedica a la venta de equipos electrónicos y que, por tanto, no dispone de la habilitación profesional necesaria, para que diera el visto bueno a la designación de Aguas de Valencia, en detrimento de la otra oferta presentada, la de Aguas de Barcelona.
El PSPV denunció entonces que esa firma no tenía ningún tipo de experiencia en el suministro de agua en alta, y el presidente del Emshi, Enrique Crespo, decidió que el jefe de Servicio de la entidad metropolitana, Alexandre Mulet, presentara otro informe que, según el tribunal, es «prácticamente idéntico» al que redactó la empresa Secuenzia. Es más, se presentó solo cuatro días después, sin tiempo material para estudiar el pliego de condiciones.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia es, en este sentido, tajante. «El objeto social de Secuenzia para nada confluye con el suministro de agua en alta», con lo que debe recibir «un castigo máximo del ordenamiento legal aplicable», es decir, la resolución administrativa del contrato, según la sentencia, que tiene fecha de 2 de mayo y fue comunicada ayer a las partes.
Los informes fueron emitidos el 10 y el 23 de julio de 2008 y, una semana después, el 31 de julio, el pleno de la entidad metropolitana aprobó la designación de Aguas de Valencia como socio privado en la empresa Emimet, con los votos a favor de los Ayuntamientos del Partido Popular, la abstención del PSPV y el voto contrario de Esquerra Unida. «No veíamos claro el contrato», explicaron ayer fuentes socialistas, que además intentaron sin éxito incrementar la participación de la entidad pública en la empresa mixta para mantener el control, que ahora tiene Aguas de Valencia con un 70% de la participación.
La sala que ha visto este caso llamó a testificar al jefe de Servicio del Emshi que redactó el segundo informe, que sostuvo que no había copiado el informe de Secuenzia, y que se podía comprobar en las distintas valoraciones que habían realizado. El argumento no ha convencido al tribunal, y transcribe frases calcadas de los dos informes, donde lo único que cambia es la distinta valoración final, siempre, sin embargo, dando más puntuación a la empresa Aguas de Valencia sobre Aguas de Barcelona, que se presentó junto a la constructora Rover Alcisa en una Unión Temporal de Empresas.
¿Qué va a pasar ahora, con la anulación de esta adjudicación? Algunas fuentes próximas al Emshi apuntan a que si un nuevo informe validara la adjudicación de Aguas de Valencia no habría que volver a iniciar el proceso. De momento, la sentencia deja en el aire el contrato con una empresa que abastece a un 1.350.000 habitantes de 43 municipios, y que se encarga además de la gestión y el cobro de las tarifas correspondientes al servicio de suministro de agua potable en alta.
Según la información de Emimet publicada en su propia web, Emimet gestiona una red que comprende en la actualidad «más de 130 kilómetros de tuberías de grandes diámetros, cuatro depósitos de regulación, seis estaciones de bombeo y más de un centenar de puntos de entrega municipales». Una vez dentro de cada municipio, otra empresa -aunque en una gran mayoría de los municipios es la propia Aguas de Valencia quien se encarga del suministro a los domicilios-.
La sentencia pone en cuestión, por tanto, la labor de Enrique Crespo al frente del Emshi, una presidencia que ocupó durante una década y donde su gestión ya ha sido puesta en entredicho por el caso Emarsa. Crespo, como máximo responsable del Emshi, está siendo investigado como uno de los principales responsables en esta causa. El juez argumenta que su colaboración fue necesaria para desviar parte de los fondos que llegaban a la depuradora de Pinedo por parte de la empresa pública Epsar.
