«Me encuentro mal. Hoy no iré a trabajar». A partir del lunes, esta frase deberá ir acompañada en la administración autonómica del correspondiente justificante médico si no se puede ir a trabajar en caso de enfermedad. Es una de las medidas que incluye el plan contra el absentismo laboral en la Generalitat que ayer presentó el vicepresidente del Consell, José Císcar, y que pretende ahorrar 18,3 millones de euros al año. En la administración valenciana se apunta que el plan será «la mejor aspirina» contra los dolores de cabeza que en ocasiones dejan a los funcionarios en casa sin necesidad de justificante médico.
Hasta ahora, hasta que no se llegaba al tercer día de ausencia por enfermedad no era necesario presentar el correspondiente parte médico. Desde el lunes, el empleado público que no pueda ir a trabajar por un simple resfriado lo tendrá que acompañar del certificado sanitario correspondiente. El que no justifique su baja de manera procedente lo pagará de su bolsillo: el coste le será repercutido en la nómina.
Los más de 126.000 empleados públicos de la administración valenciana tienen de plazo este fin de semana para cambiar el chip y ajustarse a los nuevos controles laborales de la administración. El plan de la Generalitat, a cuatro años vista, quiere ahorrar 73 millones de euros. En 2011, en la administración valenciana se contabilizaron 49.795 bajas laborales, que le costaron a la caja autonómica más de 179 millones de euros. Ahora, la idea es que sea el propio funcionario el que cargue con el gasto siempre y cuando su ausencia no esté justificada: la nómina será el instrumento.
El plan afectará al profesorado; a médicos, enfermeras y resto de personal sanitario; a los empleados públicos de Justicia y a todo el personal dependiente de las conselleries y sector público. El reto marcado es reducir el absentismo al nivel de las empresas privadas: en datos, del 4,65% al 3,05%.
Entre las medidas que anunció Císcar, en total serán 17, hay algunas muy tradicionales: se controlará el acceso y las salida de los empleados públicos de sus centro de trabajo a través de tornos y de mecanismos de huella digital.
De esta manera, en las instituciones públicas se podrá calibrar quién sale a fumar, cuántas veces y cuánto tarda en satisfacer el vicio. El tabaco no será motivo de expediente pero puede dar una idea de la productividad de algún empleado público.
Cada conselleria deberá elaborar una estadística mensual de su nivel de absentismo. El Consell pretende que el control sea rigurosísimo. Todos los organismos públicos seguirán el mismo patrón y mantendrán la misma pauta a la hora de conceder permisos para ausencias. El objetivo es que todos los empleados públicos se rijan por las mismas normas y evitar que haya condiciones distintas según el centro de trabajo, como pasaba hasta ahora.
Los permisos por cambio de residencia necesitarán justificación. Ya no valdrá con decir que uno se cambia de casa. Císcar apuntó que el funcionario que pida este tipo de permiso deberá presentar la correspondiente factura de la empresa de mudanzas.
Otra de las novedades es que los tratamientos de las bajas y los accidentes laborales ya no los prestará la Seguridad Social. El Consell va a iniciar un concurso público para que el servicio se gestione a través de mutuas aseguradoras. «Somos la única comunidad junto con Extremadura y Andalucía que gestiona sus bajas con la Seguridad Social. Vamos a cambiar y este servicio no significará un mayor gasto para la Generalitat». La idea es que el concurso esté resuelto en enero o febrero del año que viene.
Causa de despido
La Generalitat podrá abrir expedientes disciplinarios a aquellos trabajadores que no justifiquen sus ausencias. En caso de personal laboral sin plaza, incluso podrá ser causa de despido.
El plan contra el absentismo laboral prevé la creación de un plan director que deberá realizar un informe anual y poner encima de la mesa las medidas correctoras necesarias para que no haya tantas bajas en la administración autonómica. Este órgano deberá dar cuenta también del ahorro obtenido gracias a estas medidas contra el absentismo laboral.
El programa se despliega en siete líneas claves de actuación con diecisiete acciones concretas. El Consell considera que uno de los puntos fundamentales de las medidas puestas en marcha es homogeneizar en todas las conselleries y empresas públicas las normas para que se siga la misma pauta con los empleados públicos.
El objetivo es reducir cada año las más de 230.000 horas perdidas. Sólo en 2011, la administración autonómica perdió más de 2,1 millones de jornadas laborales por las bajas de los funcionarios de la Generalitat.
Programa de concienciación
El plan aprobado ayer por el pleno del Consell y que se publicará el lunes en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana también incluye planes de concienciación de lo que le supone a la administración el absentismo. Se pretende mejorar las condiciones de seguridad de los empleados públicos para evitar de esta manera los accidentes laborales. También se elaborará una guía sobre las actitudes psicofísicas para desempeñar determinados puestos de trabajo. «Queremos reducir medio punto cada año la tasa de absentismo laboral», señaló Císcar. Es fácil que a partir del lunes más de un empleado público se piense el salir a fumar a la calle en horario de trabajo.
