El exvicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla prestó ayer declaración como imputado por las tres piezas que componen la conocida como causa de la financiación, dentro de la rama valenciana de la trama Gürtel. Pese a responder al magistrado, José Ceres, por las tres partes que componen la causa, el exconseller sólo necesitó de algo más de dos horas para «dejar clara la legalidad de todas las actuaciones» de su responsabilidad «en doce años en el Consell».
Según fuentes jurídicas presentes en su declaración, el exnúmero dos del Gobierno de Francisco Camps se mostró «contundente y seguro, sin rehuir preguntas». De hecho, el Ministerio fiscal sólo le lanzó media docena de cuestiones, a pesar de que comparecía en calidad de imputado por las tres piezas de la causa. Al exconseller se le reprodujeron conversaciones en las que otros imputados en la trama Gürtel mostraban su enfado con que el exvicepresidente «no ayudaba, se hacía el sueco, y no hacía nada» con Álvaro Pérez, 'El Bigotes', exdirigente de Orange Market y uno de los principales implicados en la trama Gürtel. Así, de las conversaciones telefónicas y de las declaraciones de algunos de los imputados que han pasado por el Tribunal de Justicia de la Comunitat (TSJCV) durante esta fase de instrucción, se extrae que Vicente Rambla, según fuentes presentes, «nunca cometió irregularidades». «Mis actuaciones en doce años en el Consell fueron siempre legales», dijo a la prensa a su salida.
Y es que Rambla compareció ayer como imputado por tres presuntos delitos de falsedad documental en las generales de 2008, posible prevaricación de la Administración autonómica y delito electoral en los comicios autonómicos de 2007.
Respecto a las adjudicaciones de los contratos de Fitur a Orange Market, Rambla aseguró que su responsabilidad estaba en la Conselleria de Sanidad en la época en la que se pudo cometer el presunto delito de prevaricación, por lo que él no tenía acceso a los contratos.
El exjefe del Consell no respondió a las preguntas del abogado de la acusación particular, Virgilio Latorre, en la misma línea que han seguido todos los cargos del PPCV imputados en la causa de la financiación. Y es que Latorre es el letrado del PSPV, denunciante particular de la trama, al que ninguno de los imputados con cargo político ha respondido en las ya tres semanas de declaraciones. Los populares creen que lo del PSPV es una «causa política» y rechazan contestar a las preguntas que formula su letrado. La causa, conocida como la causa de la financiación, se inició en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que la remitió a Valencia al observar que afectaba a diputados de esta comunidad autónoma.
El instructor de Madrid observó indicios de delito electoral en los comicios autonómicos de 2007 a través de una presunta financiación irregular del PPCV, partido que contrató a la empresa de la trama Gürtel «Orange Market» para que le organizara diferentes actos de campaña por los que, presuntamente, pagaron otras empresas. La investigación se centra ahora en determinar si las deudas del PP valenciano con la firma que gestionaba «el Bigotes» fue saldada por constructoras.
El juez continuará hoy la investigación tomando declaración, también como imputada, a la exconsellera de Turismo Angélica Such, quien únicamente deberá responder a preguntas relacionadas con los contratos públicos. Cuando ella finalice, comparecerá el que fue administrador general del PP durante las elecciones generales de 2008, Cristóbal Páez, quien sólo recibirá preguntas relacionadas con el delito de supuesta falsedad en documento mercantil.
La próxima semana será el turno de los empresarios que, supuestamente, pagaron las deudas de la campaña electoral del PPCV.
