El Ministerio de Justicia destituyó el pasado lunes a Jesús Olarte, secretario de la Sala de Gobierno del TSJ y una persona de la máxima confianza de la actual presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Pilar de la Oliva. La decisión, tomada directamente por el Gobierno, se produce cuando Olarte no ha llegado ni a la mitad de su mandato, de cinco años. Es el primer caso de un secretario de Gobierno que es destituido tras el cambio de Gobierno. El Ministerio se limitó a recordar que se trata de «cargos de libre designación».
El Sindicato de Secretarios Judiciales (Sisej) denunció ayer en un comunicado la existencia de «presiones partidistas» sobre Olarte en relación con una propuesta de nombramiento de secretario coordinador provincial.
Olarte es afiliado a la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPJS). Al parecer, existe un enfrentamiento entre el actual secretario de la Sala de Gobierno y el secretario coordinador de la provincia de Valencia, Rafael Lara. Este último ocupa el cargo de máximo responsable del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, asociación de sensibilidad conservadora.
La renovación de Lara como coordinador provincial está pendiente desde finales del pasado año. En Alicante y Castellón si se alcanzó una persona de consenso. No obstante, las discrepancias en Valencia frenaron los nombramientos. En declaraciones a LAS PROVINCIAS, Lara no concretó los motivos por los que no se llegó a un acuerdo.
La propuesta que se eleva al Ministerio para estos puestos -último responsable de los nombramientos- es un acuerdo entre el secretario de la Sala de Gobierno y la propia Conselleria de Justicia. Olarte no era partidario de la continuidad de Lara en el puesto. Fuentes de la Conselleria apuntaron a que incluso pidió su cese. Olarte negó este extremo y sólo admite que propuso a otros candidatos.
Las fuentes consultadas desvinculan esas discrepancias de la diferente sensibilidad de ambos secretarios e insisten en acotar la oposición de Olarte a una cuestión únicamente profesional. Lara ocupará ahora el puesto del secretario destituido.
La Conselleria de Justicia se desvinculó por completo de este asunto. Fuentes del departamento descartaron que incidieran de forma alguna en la decisión del Ministerio y añadieron que desde el primer momento que atisbaron el enfrentamiento permanecieron al margen.
Un comunicado de UPJS considera la destitución de Olarte un «gravísimo error» y un precedente «nefasto», porque implica un «ataque» a la Administración de Justicia y al Cuerpo de Secretarios Judiciales. Esta situación favorece «dudosas e interesadas adhesiones ajenas a cualquier ápice de profesionalidad».
