Ignacio Bernácer, ex jefe de explotación de la Epsar -entidad que controlaba las depuradoras de la Comunitat- e imputado por el expolio de la planta de Pinedo, sigue exactamente la misma estrategia que José Juan Morenilla, ex gerente de la Epsar: responsabilizar de toda la gestión a la Emshi, la empresa explotadora de las instalaciones bajo investigación.
Los dos imputados, ambos en una empresa dependiente en su día de la Conselleria de Medio Ambiente, tratan de defenderse de las acusaciones acotando la responsabilidad a la Emshi, presidida por el ex vicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo. «Si el consejo de administración hubiera ejercido una verdadera y real vigilancia sobre Emarsa, los hechos acaecidos nunca hubieran sucedido».
El abogado de Bernácer defiende en su recurso que no existen «indicios suficientes» para mantener la imputación de su cliente. «Se trata de meras sospechas o hipótesis de la investigación». Sostiene que el precio de 42 euros por tratamiento de tonelada de lodo -el triple que lo habitual- era el coste de la gestión integral de residuos; no un precio de aplicación agrícola».
No dejó pasar la oportunidad el letrado de Bernácer para mostrar su sorpresa ante la posición de la Generalitat y de la propia Epsar. El abogado lo define como un «linchamiento político entre partidos que ha salpicado a un simple técnico de la administración al que han pretendido dar el rango de falso alto cargo del Consell». El imputado ganaba cerca de 60.000 euros al año.
