La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que reunirá mañana al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con los consejeros del ramo de las comunidades autónomas, tendrá sobre la mesa la aprobación de los planes de reequilibrio que las regiones han presentado para cumplir con el objetivo de déficit marcado por el Gobierno central. Pero los ayuntamientos no se librarán de este examen, que será algo más tardío. Entre los que no cumplirán se encuentran once ayuntamientos de la Comunitat, cuyos planes de reequilibrio ya han sido rechazados por Hacienda.
La presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Elena Bastidas, se reunió ayer con los alcaldes de los municipios que no podrán cumplir con el déficit y alertó de que si el Gobierno no relaja los plazos de diez a veinte años para su cumplimiento, «no podrán pagar las nóminas». El motivo no es otro que la drástica reducción de ingresos por transferencias del Estado al que se verán sometidos estos once consistorios tras no cumplir con los ajustes marcados por Moncloa. En concreto, los consistorios afectados son los de Albaida, Alboraia, Enova, Senyera, Almoines, L'Alcúdia, Bellús, Llaurí, Silla, Atzeneta de Albaida
Con el incumplimiento del déficit, el Gobierno puede aplicar a estos municipios una disposición adicional de la Ley de Presupuestos en la cual, al no disponer o no aprobarse su plan de ajuste, se les puede hacer «una reducción, compensación automática del 50% de las transferencias que se realizan a los ayuntamientos como participación en los tributos.
Frente a este escenario, la FVMP reclamará al Ministerio de Hacienda que prorrogue el plazo de diez años que ha dado a los municipios para cumplir con los objetivos del déficit hasta los veinte años, y solicitará el apoyo de la Federación Española de Municipios y Provincias en esta reivindicación.
De hecho, el consistorio de Silla ya ha recibido una comunicación oficial de que se le va aplicar la reducción de las transferencias estatales, según aseguró Bastidas, quien subrayó que hay una «preocupación latente» entre los ayuntamientos por que se lleve a cabo esta «intervención indirecta» en sus cuentas, ya que de producirse, «provocaría un serio problema de falta de liquidez. «Va a hacer imposible, y cuando digo imposible, lo quiero poner entrecomillado y en mayúscula, pagar las cuestiones más perentorias, y me estoy refiriendo a pagar nóminas», alertó ayer la también alcaldesa de Alzira. La quiebra municipal prevista por Bastidas podría extenderse a una treintena de ayuntamientos cuyos planes de ajuste, calcula la presidenta de la FVMP, podrían ser tumbados por el Ejecutivo central o ni siquiera presentados. Aunque precisó que la situación de cada consitorio «es diferente y requerirá de soluciones diferentes».
Por ejemplo, «el Ayuntamiento de Alboraia tiene el nivel de deuda más alta por habitante y su problemática no igual que el de Silla, que ha presentado un plan de ajuste que ha sido rechazado por la oposición. En el caso de Bellús, que no llega a mil habitantes, no dispone de medios técnicos para elaborar un plan de ajuste en condiciones», aclaró Bastidas.
El plazo de la «repesca» para aquellos ayuntamientos que no han aprobado o no han presentado hasta la fecha su plan de ajuste, acaba el próximo 24 de junio y la evaluación será el 5 de julio. Para ayudar en el cumplimiento del déficit, la FVMP se ha ofrecido a colaborar con los consistorios en la nueva elaboración de los planes de reequilibrio o en la corrección de los ya presentados y rechazados, así como a mediar con la Conselleria de Hacienda, con el ministerio y con la Federación Española de Municipios y Provincias.
