El alcalde de Borriol (Castellón), Adelino Santamaría, se enfrenta a una petición de pena de ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de prevaricación del que le acusa el fiscal por no hacer cumplir la demolición de un prefabricado para albergar una cuadra de caballos que construyó un matrimonio del municipio. La pareja también está acusada de un delito contra la ordenación del territorio, por el que solicita un año de prisión y una multa de 10.800 euros. El alcalde reconoció que él firmó en 2005 el decreto de demolición de esta construcción y que si no se ha resuelto será porque «seguirá el procedimiento habitual».





