Los resultados del referéndum del pasado jueves parecen haber espoleado a UGT, CC OO, CSIF, FSES e Intersindical, pese a que más de la mitad de los empleados públicos ignoraron esa convocatoria, y ayer decidieron echarse de nuevo a la calle para presionar al Consell y que retire el decreto de recortes del pasado 5 de enero.
Las centrales sindicales que forman parte de la Mesa General de Negociación anunciaron la convocatoria de una manifestación conjunta a celebrar tanto en Castellón como en Alicante y Valencia el próximo 31 de mayo.
El Gobierno valenciano ya ha advertido a las centrales sindicales por activa y por pasiva que no está por la labor de dar marcha atrás en el decreto de ajustes. Es más, desde entonces ha efectuado más recortes, aunque estos no han afectado directamente a los funcionarios.
Las manifestaciones en cada capital de provincia se suman a las concentraciones que todavía celebran los jueves, una medida que ha tenido hasta ahora muy poca visibilidad y escasa trascendencia.
Las centrales sindicales anunciaron, además, que adoptarán «nuevas medidas de presión para que se cumpla la voluntad» de los trabajadores de la administración. En la consulta de la semana pasada, de los casi 60.000 operarios públicos que acudieron a las urnas, el 96,7% se pronunció en contra de la propuesta del Consell presentada el pasado mes de abril.
En esa iniciativa la Conselleria de Hacienda suavizaban ligeramente los ajustes anunciados en el decreto del 5 de enero, pero «sin garantías de cumplimiento», apuntaron los sindicatos. El texto presentado por Hacienda a los sindicatos dulcificaba las bajadas de percepciones del sector sanitario y educativo siempre y cuando los ingresos de las arcas autonómicas se incrementasen. Los sindicatos no creen que esto pueda suceder ni este año ni el próximo.
La Conselleria de Hacienda también garantizaba el trabajo durante tres años al personal eventual si los sindicatos aceptaban, pero no ha sido el caso.
Los sindicatos reiteraron ayer la petición de una reunión urgente con el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, con el fin de «buscar fórmulas que permitan desbloquear la negociación» y también hallar la forma de que la administración autonómica valenciana pueda ahorrar sin que se toque el bolsillo de los funcionarios.
Por lo que se refiere al referéndum de la semana pasada, los sindicatos anunciaron que el próximo jueves registrarán las actas de la votación, en las que no incluirán los datos personales de los votantes.
Al referéndum estaban llamados 126.000 empleados autonómico, de los que acudieron a pronunciarse unos 60.000, mientras que los 66.000 restantes dieron la espalda a la convocatoria. De los que acudieron a votar, unos 57.000 empleados, un 96,7%, se pronunciaron en contra de la propuesta del Consell, 928 la apoyaron, 1.130 votaron en blanco y 142 votos fueron nulos.
