Los imputados en la causa de la presunta financiación irregular del PP valenciano parecen haber acordado adoptar la ley del silencio en la fase de instrucción que se lleva a cabo en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Dos de los principales responsables de la empresa Orange Market, el exconsejero delegado, Cándido Herrero, y el exgestor, Álvaro Pérez, 'El Bigotes', se acogieron ayer a su derecho a no declarar ante el magistrado encargado de la investigación, José Ceres.
El primero de los imputados, Cándido Herrero, llegó a las dependencias del Palacio de Justicia poco antes de las diez de la mañana, a pesar de que había sido citado para prestar declaración a las diez y media. Llegó solo y abandonó la sede del TSJ treinta minutos después de haberse acogido a su derecho a no declarar. No contestó a las preguntas del magistrado, ni tampoco de ninguna de las partes que asisten a los interrogatorios de la diligencias previas de una de las causas relacionadas con la trama Gürtel. Herrero intentó evitar a la prensa, congregada a las puertas del edificio, y, a preguntas de los periodistas sólo acertó a espetar un breve «se confunden de persona». Nada más allá de la realidad. Un comportamiento que una hora después fue seguido por el exgestor de la empresa Orange Market, Álvaro Pérez. El Bigotes llegó acompañado de su pareja, cinco minutos antes de las doce de la mañana, hora marcada en el calendario de declaraciones para su cita con las partes. Pérez, como en ocasiones anteriores, también se acogió a su derecho a no declarar, por lo que tampoco dio respuesta a las preguntas de ninguna de las partes. Veinte minutos después abandonó el Palacio de Justicia por la misma puerta por la que había entrado y donde le esperaba la prensa. Ante la insistencia de los periodistas, El Bigotes se prestó a hacer unas breves declaraciones ante los medios en las que ratificó que no había contestado a las preguntas en la sala. «No he declarado, y si no lo he hecho arriba, tampoco lo voy a hacer ante ustedes», aseguró el exgerente de la empresa adjudicataria de los contratos de la Generalitat en Fitur investigados. Los dos imputados habían sido citados por el instructor para contestar a preguntas relacionadas con las tres piezas que componen esta causa: supuesto delito electoral en los comicios autonómicos de 2007, presunto delito de falsedad documental en las elecciones generales de 2008 y posible prevaricación de la Generalitat en la contratación de Orange Market.
Hoy le toca al turno, también como imputados, a los dos supuestos cabecillas de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo. La pasada semana, ambos se negaron a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruiz, que investiga las adjudicaciones de RTVV y podrían hacer lo mismo hoy.
