«Exitazo». Esta es la valoración realizada ayer por los sindicatos sobre el referéndum contra los recortes celebrado el pasado jueves. De 126.000 trabajadores públicos convocados a la consulta, 66.000 funcionarios, más de la mitad de los llamados a las urnas, la ignoraron, según datos de los propios sindicatos.
UGT, CC OO, CSIF, FSES e Intersindical se reunirán el próximo lunes para acordar un nuevo calendario de movilizaciones contra el Gobierno valenciano y para presentar los resultados definitivos de la votación -ayer aún no los tenían porque «no hemos contado con el apoyo del Consell»- al titular de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela.
Satisfechos con el desarrollo del plebiscito -el resultado abrumador fue el rechazo a la propuesta del Consell con un 96% de los votantes-, Luis Lozano, de UGT, afirmó que la conclusión de la consulta no era otra que los funcionarios le habían dicho al Gobierno valenciano «que se meta la propuesta donde le quepa».
Lozano, representante del sindicato mayoritario, volvió a pedir la dimisión del conseller de Hacienda y reclamó al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, la convocatoria de una Mesa General en la que buscar soluciones a la difícil situación económica de la Generalitat pero sin hacer recaer sobre las espaldas de los funcionarios el peso de las reformas.
El de UGT incidió en que las movilizaciones sindicales iniciadas el pasado noviembre empujaron al conseller Vela «a rectificar» los ajustes, pero de una manera «insuficiente». También acusó al titular de Hacienda, al igual que hicieron el resto de representantes sindicales, de «falta de credibilidad» en sus propuestas, porque en ellas propuso reducir el ajuste en las percepciones de los funcionarios si mejora en 2013 la situación económica, algo que ninguno de los cinco que estaba en la mesa creía y que los indicadores económicos internacionales no están concediendo.
Soledad Fernández, de CC OO, destacó, como Andrés Cánovas, de FSES, la limpieza y el control que tuvo la consulta, a pesar de las denuncias surgidas de funcionarios en las que advertían que había mesas en las que votaba quien quería cuantas veces deseaba y sin presentar su DNI.
El representante de CSIF, Rafael Cantó, afirmó que el resultado del referéndum «avala que estábamos en lo cierto» al no apoyar las medidas propuestas por el conseller Vela y pidió que el Gobierno valenciano «debe tomar nota del resultado y abrir una negociación realista y que tenga credibilidad». Lozano
De los 126.000 trabajadores públicos convocados al referéndum no acudieron a las urnas 66.000. De los aproximadamente 60.000 que sí votaron, un 96% (57.000 empleados) se pronunciaron en contra de la propuesta del Consell, 928 apoyaron la propuesta del Ejecutivo autonómico, 1.130 votaron en blanco y 142 votos fueron declararon nulos.
Luis Lozano incidió en que sólo tenían posibilidades de ir a votar 100.500 funcionarios que son los que estaban trabajando durante el horario de celebración de la consulta. Los empleados del sector sanitario cuya jornada acabó a las 10 de la mañana o los que la empezaban a las 22 horas, no los contaron, aunque hubo quienes sí acudieron a votar, reconocieron fuentes sindicales con posterioridad.
En sanidad, además, las urnas sólo se instalaron en los hospitales y no en los centros de atención primaria, con los que muchos profesionales sanitarios se quedaron sin votar.
De ahí que aseguraran que la participación global fue de 59.229 personas, y el porcentaje, en lugar de dejarlo en un 47% que era el real, lo elevaron a un 58,9%.
