«No conozco qué es Gürtel». El número dos de la trama, Pablo Crespo, aseguró ayer a su salida de la Audiencia Nacional desconocer en qué consiste esta supuesta red corrupta ni si hubo sobornos en la adjudicación de contratos a Radiotelevisión Valenciana (RTVV) a empresas de dicha organización durante la visita del Papa a Valencia en julio de 2006.
Así lo aseguró el exsecretario de organización del PP gallego tras negarse a declarar ante el juez Pablo Ruz que le había citado junto al presunto cabecilla de la red, Francisco Correa, y el gestor de Orange Market Álvaro Pérez, «el Bigotes», que tampoco contestaron a las preguntas del magistrado.
Crespo, que se encuentra en libertad desde el pasado 1 de febrero, subrayó que se había acogido a su derecho a no declarar porque se trata de un procedimiento que «no es limpio y no lo es desde un principio», puesto que, como «ha quedado acreditado ya», se han «violado» los derechos de los imputados. Sin citarlo expresamente, Crespo se refería a las comunicaciones que ordenó grabar Baltasar Garzón -primer instructor de la causa- y por lo que el Tribunal Supremo lo condenó a once años de inhabilitación por un delito de prevaricación.
Preguntado por si existió algún soborno por parte de la red corrupta al exdirector del ente público valenciano Pedro García Gimeno, también imputado en la causa, en la adjudicación de contratos con motivo de la visita papal, Crespo recalcó que lo desconoce.
«No tengo ni idea, no conozco qué es Gürtel; a mí si me habla de empresas puedo contestar, pero no sé qué es Gürtel», reiteró.
Por último, criticó «que prosiga el ensañamiento judicial» contra Correa, que se encuentra en prisión provisional desde febrero de 2009 y que sólo podrá abandonar si abona la fianza de 600.000 euros que Ruz le impuso el pasado mes de marzo.
Correa, en ambulancia
El primero en comparecer ante Ruz fue Correa, que llegó en ambulancia a la sede del tribunal desde la prisión de Soto del Real después de que el juez rechazase que su declaración se realizara por videoconferencia o en los Juzgados de Colmenar Viejo debido a la claustrofobia que padece.
Según informaron fuentes jurídicas, el imputado permaneció en la sala de los forenses contigua a los calabozos mientras esperaba su comparecencia y allí los facultativos verificaron los informes de la prisión recomendando que Correa no permanezca en espacios cerrados, por lo que tampoco subió en ascensor a la segunda planta del edificio en la que está el juzgado de Ruz.
Correa también se negó a contestar a las preguntas de las partes alegando que la instrucción está viciada ya que, a su juicio, los indicios fueron obtenidos a raíz de las comunicaciones que ordenó grabar Garzón.
Por su parte, «El Bigotes» indicó a los periodistas que no había contestado al juez, y ante la insistencia de los medios de comunicación ha agregado: «Por favor, no tengo edad para correr». Ruz acordó todas estas comparecencias a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y mientras espera a que el Tribunal Supremo «dirima definitivamente» qué órgano judicial es competente para investigar los supuestos delitos de cohecho y prevaricación atribuidos a Pedro García durante el V Encuentro Mundial de las Familias.
Anticorrupción sostiene que los hechos consistirían básicamente en la «percepción reiterada de dádivas -en forma de prendas de vestir, vehículos y entrega de fondos en metálico- por parte de Pedro García procedentes del entorno de Francisco Correa» y vinculadas con la contratación irregular de RTVV con empresas de la trama Gürtel .
Según el juez, a través de la subcontratación de servicios con Impacto Producciones, Apogee Telecomunicaciones y Sirius Show Equipment, así como de los gastos contabilizados para la ejecución del contrato y las facturas emitidas por Wild Electronics, Castaño Corporate y Free Consulting -un total de 1.242.690 euros-, Teconsa podría haber dejado de ingresar diversas cantidades a Hacienda.
Las cantidades presuntamente defraudadas al usar como pantalla esas empresas serían la cuota de IVA soportado de 198.830 euros y el Impuesto de Sociedades de 2006 por la deducción improcedente de las facturas emitidas por las anteriores mercantiles al no responder a la prestación de servicios reales.
