Como señala Encarana Barragán, secretaria general comarcal del sindicato CCOO, sólo hace falta acercarse a la Ciudad de la Justicia a realizar algún trámite en el Registro Civil, o estar pendiente de la resolución de un asunto relacionado con el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) para concluir que, efectivamente, en Castellón hacen falta más funcionarios para poder dar un servicio de mejor calidad.
No son estas dos, ni mucho menos, las únicas instituciones públicas que necesitan de más personal para operar con más eficiencia, pero sí que son probablemente las dos entidades más necesitadas de recursos en la provincia, tal y como llevan indicando desde hace años en los sindicatos.
En el caso del Registro Civil, es muy fácil comprobar cómo los trabajadores no dan abasto debido a las largas colas que se forman. Esta circunstancia ya la ha hecho saber la titular del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Castellón, del que depende este órgano, quien solicita tres trabajadores más pese a que hace aproximadamente un mes y medio se incorporaron dos personas a la plantilla.
Y es que aunque la ampliación de trabajadores ha permitido aumentar en un cien por cien las citas diarias, pasando éstas de 20 a 40, no se ha conseguido que desaparezcan las colas que presentan jornada tras jornada las instalaciones de la Ciudad de la Justicia de la capital de la Plana.
En lo que respecta al Fogasa, Barragán señaló que la sede en la provincia «sólo tiene a cinco trabajadores cuando el trabajo se ha multiplicado, lo que hace que los litigios tarden ocho meses en resolverse». La queja no es gratuita; no en vano el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) destinó una cifra récord de indemnizaciones a la provincia, que se situaba como uno de los territorios españoles en el que más dinero se deja esta institución estatal.
Y claro, esos expedientes hay que tramitarlos y desde la sede de Castellón están sobrepasados. «Primero se produce un retraso en el reconocimiento de las cantidades en el juzgado, más el que luego se acumula en el propio Fogasa», explica Barragán. Es decir, que en última instancia es el ciudadano el que paga el hecho de que las administraciones públicas no tengan una plantilla ajustada a sus necesidades reales.
Otro ejemplo de sobrecarga de trabajo, aunque este viene de muchos años atrás, es el que sufren los juzgados de Castellón, unos de los más saturados de España según la estadística de entrada de asuntos que maneja el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Y es que según los cálculos establecidos por dicho órgano, Castellón necesita, al menos, seis nuevos juzgados, con sus repectivos funcionarios, para comenzar a solucionar el grave problema de colapso judicial que padece.
El informe, elaborado a partir de los datos manejados por los distintos Tribunales Superiores de Justicia, refleja que Castellón requiere de un juzgado de primera instancia e instrucción, uno de penal, uno de contencioso administrativo, uno de social, uno de vigilancia penitenciaria y otro de mercantil, que deberían ser incluidos según el CGPJ en la próxima configuración de la planta judicial.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) sitúa a Castellón como el territorio autonómico más necesitado de nuevos órganos judiciales, ya que acumula seis de los 22 nuevos juzgados que demanda este órgano, un número mayor que los cuatro de Valencia o de los tres que requiere Alicante.
Ante esto, lo único que les queda a los castellonenses es seguir esperando... seguramente en una cola.
