El PP valenciano respetó ayer la decisión de la Fiscalía de abrir una investigación por la vía penal para ver si en la gestión de otras depuradoras se ha podido producir un caso similar al de Emarsa. La decisión del Ministerio Público se produjo después de que el PSPV denunciara esta posibilidad e hiciera pública una serie de documentación que relaciona a personas del caso Emarsa con la gestión en otras plantas de tratamiento.
La diputada del PP Alicia de Miguel señaló que a su partido le parece bien la decisión adoptada por la Fiscalía, que adelantó el viernes LAS PROVINCIAS. De Miguel apuntó que su grupo «respeta todas las decisiones judiciales y nos parece bien que se investigue todo lo que sea, faltaría más».
La socialista Carmen Martínez afirmó que la decisión adoptada por la Fiscalía «da la razón a nuestras sospechas de que Emarsa sólo es la punta de un iceberg de corrupción generalizada».
La comisión de investigación del caso Emarsa se cerró ayer en Les Corts con polémica. Los grupos de la oposición pidieron un aplazamiento hasta que se conozca el informe jurídico de los letrados de la Cámara sobre la renuncia del exgerente de la Epsar Juan José Morenilla a comparecer.
Para el PP la presencia de Morenilla no era relevante para cerrar las conclusiones, por lo que rechazó la petición de los grupos de la oposición. Tras debatirse todos los dictámenes, la mayoría popular aprobó sus conclusiones que señalan al exalcalde de Manises Enrique Crespo y a Esteban Cuesta y Enrique Arnal como los responsables políticos de la gestión de Emarsa, un caso que el juez ha cuantificado en 25 millones de euros.
Las conclusiones del PP también piden una profunda revisión de la composición de los consejos de administración de las empresas públicas de la Generalitat, aunque sin detallar las medidas a tomar. Los grupos de la oposición calificaron de «engaño y paripé» la comisión de investigación.
