BUENOS AIRES. Los diputados argentinos sancionaron ayer la ley aprobada por el Senado que establece la expropiación del 51% de las acciones de Repsol en la petrolera YPF. La medida cosechó una mayoría aplastante (208 votos a favor y 32 en contra), a la que se sumaron diputados del oficialismo, aliados y opositores, que avalaron el proyecto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, aunque con críticas a la política energética y reparos sobre la futura gestión.
Los partidarios de Kirchner se esforzaron por impregnar la sesión de patriotismo, como si el país hubiera obtenido un triunfo frente a una potencia adversaria. Banderas, carteles de apoyo a la presidenta y sonoras ovaciones marcaron el debate y la votación. Fuera de la Cámara de Diputados, miles de simpatizantes del Gobierno celebraron la 'victoria' con cánticos, bengalas y fuegos artificiales. Ven en la nacionalización de la petrolera un ejercicio de soberanía nacional. Ahora falta que el Tribunal de Tasación de Buenos Aires fije la compensación que el Estado argentino deberá pagar a Repsol.
Entre las pocas formaciones que se atrevieron a votar contra el proyecto, el único partido que lo hizo sin fisuras fue el PRO, que lidera el alcalde centroderechista de Buenos Aires, Mauricio Macri. Una de sus diputadas, Laura Alonso, reprochó en una intervención muy crítica sus políticas a quienes tanto agitaban enseñas nacionales. «No alcanza con flamear la bandera y hablar de patriotismo si los que gobiernan lo hacen tras bambalinas, cerrando acuerdos corruptos en contra de los derechos del pueblo», proclamó.
Abucheos
La acusación lanzada por la legisladora fue respondida con mofas, abucheos e increpaciones al grito de «española» desde la tribuna de público que asistía a la sesión.
Alonso tenía colocada una enseña albiceleste de su país sobre su escritorio, pero alguien desde la grada le espetó: «Pon la bandera española» por su opinión, en apariencia favorable a Repsol. No obstante, la diputada también fue muy incisiva en sus ataques verbales contra la multinacional española que controló YPF desde 1998, a la que acusó de haber cometido «hechos gravísimos porque la dejaron».
Después de la votación hubo un estallido de júbilo dentro y fuera del palacio. La ley declara de «interés público» el autoabastecimiento de combustible y toda la actividad energética del país y transfiere al Estado el control de la compañía, que está intervenida desde el pasado 16 de abril. El portavoz del bloque oficialista, el peronista Agustín Rossi, justificó la medida en el discurso que cerró el debate: «Repsol no invirtió en Argentina porque pusimos el precio (del crudo) en 50 o 60 dólares, para que la economía crezca, y no en el internacional que nos pedían», resaltó.
Con esta ley, el capital de Repsol en la argentina YPF desciende desde el 57,43% hasta el 6,43%, en tanto que el local Grupo Petersen conserva su 25,46% y el mercado bursátil retiene el 17,09%. El Estado se queda, así, con el 51% restante que le otorga el control.
