Las cuencas del Tajo o del Ebro ya no se van a poder trocear por regiones. El Consejo de Ministros devolvió ayer al Estado las competencias de policía del dominio público hidráulico para asegurar el reparto de aguas, que el anterior Gobierno socialista había entregado a Andalucía, Aragón, Cataluña y el País Vasco, y que afectaba principalmente a las cuencas del Ebro y el Guadalquivir. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció la derogación de la anterior legislación con el objetivo de conseguir «una gestión mucho más eficiente del agua».
La exministra socialista de Medio Ambiente Rosa Aguilar cedió ante las presiones de Andalucía, a la que el Tribunal Constitucional había derogado unos meses antes las competencias que se arrogó en el Estatuto de Autonomía sobre el Guadalquivir. Le entregó atribuciones relacionadas con la vigilancia de los ríos intercomunitarios, unos derechos que solamente concedió a otras tres autonomías, que utilizaban para gestionar el tramo de cuenca que atravesaba su territorio. Pero los Gobiernos de la Comunitat Valenciana y Murcia decidieron recurrir esta decisión ante el Constitucional el pasado mes de noviembre, al entender que vulneraba el principio de unidad de cuenca, aunque no ha hecho falta esperar a conocer el fallo judicial.
El Gobierno ha respaldado la política hídrica que ha defendido siempre el Consell. La consellera de Agricultura, Maritina Hernández, aseguró ayer tras conocer la medida del Gobierno que «pone fin a la situación ilógica e ineficaz desde el punto de vista de la gestión de las cuencas hidrográficas que había generado el anterior Gobierno socialista. Según la consellera, la Comunitat Valenciana «siempre ha defendido el carácter indivisible de la cuenca hídrica como unidad de gestión».
En los años en que Zapatero ha gobernado, los intentos de descentralizar esta gestión a través de los Estatutos de Autonomía ha sido una constante. Sucedió con Castilla-La Mancha, que introdujo en su carta magna un artículo para acabar en el año 2015 con el trasvase Tajo-Segura, que más tarde se modificó con una reserva estratégica del agua de 4.000 hectómetros cúbicos. No se llegó a aprobar, no obstante, esta medida, que hubiera supuesto la muerte del regadío en la Vega Baja alicantina y Murcia, además de poner en riesgo el suministro hídrico de decenas de poblaciones de la costa, incluida Alicante.
En realidad, este es el segundo gesto del Ejecutivo de Mariano Rajoy que defiende los intereses de la Comunitat. El primero corrió a cargo del ministro de Medio Ambiente, Arias Cañete, que no se negó a un hipotético trasvase del Ebro en una intervenció hace unas semanas en Aragón, lo que provocó el enfado de los allí presentes. Precisamente, tanto esta autonomía como Cataluña han intentado blindar la cuenca del Ebro para impedir que algún Gobierno intentara recuperar un trasvase del Ebro que figuraba en el Plan Hidrológico Nacional que aprobó el Ejecutivo de Aznar.
Los más beneficiados por la decisión del Consejo de Ministros van a ser, sin duda, los regantes. La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) se felicitó por el hecho de que «la invasión de competencias autonómicas en materia de aguas ya es historia». Así lo afirmó ayer su presidente, Andrés del Campo, quien recordó que con esta determinación se cumplen ya todos los requisitos de legalidad vigente, «zanjando cualquier duda sobre el papel único y exclusivo de la Administración Central en la gestión de las cuencas intercomunitarias».
En su opinión, este «paso decidido» de la Administración representa una defensa «férrea» de los principios de unidad de gestión y cuenca «reconocidos en la Directiva Marco de Aguas (DMA) y en la Constitución» y se garantiza que la coordinación y el reparto de los recursos hídricos «se lleve a cabo teniendo en cuenta el interés general y no sobre la base de criterios políticos y localistas». Confió el presidente de los regantes en que «la vulneración de competencias estatales», que en su opinión realizaban algunas comunidades «no vuelvan a repetirse en el tiempo».
No se mostraban tan satisfechos los representantes de las regiones que han mantenido las competencias de la vigilancia de cuencas intercomunitarias. La secretaria de Organización del Partido Socialista (PSOE) en Aragón, Eva Sáenz, ha manifestado que la recuperación de las competencias por parte del Gobierno central «debería haberse consensuado». En Cataluña, por su parte, el director general del Agua, Leonard Carcolé, negó que a la región le afecte esta decisión, ya que la colaboración en la vigilancia del Ebro siempre ha corrido a cargo de forma conjunta por la Confederación y la autonomía. Negó sin embargo que tuviera que ver con una hipotética recuperación del trasvase del Ebro.
El Real Decreto Ley introduce además la reordenación de los derechos de uso del agua en el Alto Guadiana y, en concreto, en las Tablas de Daimiel (Ciudad Real) por el que estos derechos cambian a régimen de concesiones que podrán cederse a terceros a cambio de reducir el volumen de agua. Refuerza además la nueva legislación la potestad sancionadora del Estado contra quienes causen «daño» al dominio público hidráulico y regula de una manera «mucho más cuidadosa» el agua subterránea.
