Los cinco miembros de la Mesa de Les Corts, tres del PP y dos del PSPV, se mantienen enrocados por encima de los 100.000 euros brutos al año de sueldo. Desde esa Galia que es el órgano rector del Parlamento valenciano se hace oídos sordos a las peticiones que se lanzan desde varios puntos para que nadie cobre más que los 67.615 euros brutos al año que ingresa el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. El melón de los sueldos lo abrió hace un par de semanas el vicepresidente del Gobierno valenciano, José Císcar. Ayer, el popular Rafael Blasco y el socialista Antonio Torres coincidieron en que la Mesa debería reducir unos emolumentos que hoy son considerados como rentas altas.
PP y PSPV presionaron ayer en la sala de prensa para que sus compañeros, a los que ya se les conoce como el club de los 100.000 euros, adecuen sus nóminas a los tiempos que corren. Tanto Blasco como Torres apuntaron que ellos darán el sí quiero a una reducción salarial de aquellos que cobran por encima del presidente de la Generalitat.
El más claro fue el portavoz del PP. ¿Usted es partidario de que los miembros de la Mesa se bajen el sueldo por debajo del presidente de la Generalitat?: «Por mí, sí». La sentencia de Blasco vino después de una introducción cargada de argumentos: «Los sueldos de los miembros de la Mesa se deberían normalizar. Tienen que ser unas retribuciones dentro del sentido común y que no estén desajustadas».
El síndico del PP espera que alguien abra el debate (un dardo directo a la Mesa) y añadió que es un buen momento «para repensar esta cuestión y situarnos en unas retribuciones que no generen disfunciones respecto al presidente de la Generalitat». Para Blasco es un tema abierto y señaló que es necesario que se inicie un proceso «donde todo es discutible».
El portavoz popular apuntó que Les Corts tiene autonomía propia de decisión y señaló que en otros parlamentos, incluido el Congreso, su presidente gana más que el jefe del Gobierno. Un detalle que para Blasco no es un impedimento para que en la Comunitat se aborde la situación de la rebaja salarial.
El popular apuntó que las cuestiones de la tabla salarial en Les Corts siempre se ha enfocado desde el consenso. Si es lo que busca no debe tener dudas sobre la posición de los socialistas, el otro grupo con representantes en la Mesa. Minutos antes de que compareciera el portavoz del PP, el socialista Antonio Torres señaló que su grupo estará a favor de que nadie cobre más que Fabra. El síndic del PSPV apostó por sueldos «modestos» para los miembros de la Mesa y añadió que cuando el debate se ponga encima de la mesa «nosotros lo apoyaremos». Convencer a Esquerra Unida y Compromís no será difícil.
La pelota está ahora en el tejado de la Mesa de Les Corts. Su presidente, Juan Cotino, al que nadie le puede discutir que aplica la austeridad en la Cámara a rajatabla, cobra 113.000 euros brutos al año (menos que sus antecesores). Los otros cuatro miembros del órgano rector, los populares Alejandro Font de Mora y Angélica Such y los socialistas Ángel Luna y Carmen Martínez, superan los 102.000 euros.
La Mesa es la que tiene que dar el paso para abrir un debate en el que los grupos están dispuestos a jugar con su cartas boca arriba y donde el Consell asistirá como espectador interesado de cara a los ciudadanos. La presión se puede intensificar en los próximos días.
¿Capacidad de fiscalización?
El Parlamento valenciano, dentro de su programa de austeridad, aprobó ayer la creación de una oficina para controlar el gasto y ser más eficiente en su gestión. El nuevo órgano se quedará en manos de una nueva figura como es el letrado mayor adjunto. De él dependerán las áreas de mantenimiento, informática y económica, que son las que desarrollan más contratos en el Parlamento valenciano.
La duda está en si el nuevo órgano tendrá capacidad de fiscalización sobre el área que más gasta en el Parlamento valenciano que no es otra que la de los grupos políticos. Les Corts es la única Cámara de toda España que no cuenta con un interventor o con una figura que tenga bajo su potestad todas las funciones de fiscalización. El área económica del Parlamento valenciano tiene una función más de gestión que de control exhaustivo sobre cada una de las facturas que se pasan para ser cobradas.
Los grupos, por ejemplo, pasan una factura global del gasto en aparcamiento de sus diputados pero en ningún caso justifican qué días y para qué se utilizó un servicio que mensualmente abona Les Corts con una factura que supera los 8.000 euros. En el último ejercicio la Cámara ha logrado ahorrar dos millones de euros en su gestión tras la puesta en marcha de varias medidas de austeridad. Con la nueva oficina de control la idea es que no se vuelvan a producir episodios como los de la legislatura pasada en el que la dotación de muebles del nuevo edificio salió a concurso por un millón de euros cuando luego se demostró que se podía ahorrar mucho más dinero.
