Al Gobierno no le temblará la mano si se ve obligado a intervenir una autonomía que no camine por la senda de la consolidación presupuestaria, pero parece que, de momento, los responsables autonómicos cuentan con la plena confianza del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Ayer desde el Ministerio de Hacienda se descartó de momento esta medida, que creen innecesaria porque todas las regiones «tienen capacidad real» para cumplir con los objetivos de déficit.
Esta afirmación del departamento que dirige Cristóbal Montoro cobra especial significado porque se pronuncia en un día clave. Ayer se publicó la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que hoy entrará en vigor, un documento que, según el vídeo promocional colgado en la web del ministerio, «reforzará» el papel de España en la UE al poner de manifiesto que es un «socio fiable» para los Estados miembros, lo que a su vez garantizará una mayor confianza en la economía y más crédito para los emprendedores.
Dicha ley recoge, entre las medidas correctivas previstas si no se consigue ajustar gastos e ingresos, la intervención de la administración incumplidora. El Ministerio de Hacienda dijo ayer que en septiembre podrían acordarse las primeras intervenciones en caso necesario, algo que en principio descartó, entre otras cosas, porque previamente las autonomías podrán solicitar una «intervención voluntaria», de la que ninguna de ellas ha hablado hasta el momento.
Antes de verse expuestas a una posible intervención, las regiones harán todo lo posible por evitarlo ya que, según fuentes del gabinete que dirige Montoro, esta decisión supondría una merma en la imagen de las comunidades autónomas, que todas ellas tratarán de evitar cumpliendo el objetivo de déficit fijado en el 1,5% del PIB.
De momento, las palabras del ministerio han insuflado un poco de aire en administraciones territoriales como la valenciana que, pese a no existir razones objetivas y haber adoptado como pocas los criterios marcados desde Madrid, ha sonado de forma recurrente desde determinados sectores entre las primeras candidatas a una futurible intervención gubernamental. El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, insistió ayer desde Almassora en que «no va a haber ninguna intervención en la Comunitat», pese a que en un determinado momento «se habló de intervenciones y alguno barajó el nombre». Añadió que se ha establecido un plan de ahorro «con mucho esfuerzo, sacrificio y el compromiso de no excedernos del 1,5% de déficit».
Las medidas aprobadas por el Consell -fundamentalmente el decreto-ley aprobado el mes de enero y la incidencia en la Comunitat de los últimos recortes en Sanidad y Educación anunciados por el Gobierno de Mariano Rajoy- supondrán un ahorro superior a los 2.000 millones de euros.
Fin del plazo
Las autonomías tenían de plazo hasta ayer para presentar sus planes económicos y financieros con los que reconducir sus desviaciones. Al respecto, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, junto a la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, Marta Fernández Currás, afirmaron que los planes económico-financieros presentados muestran la capacidad de las comunidades para ahorrar hasta 10.000 millones de euros, a los que habría que añadir otros 10.000 millones a través de los recortes en Sanidad y Educación.
De acuerdo con la nueva ley, a partir de ese momento el Gobierno tiene 15 días para dar su aprobación a las autonomías. En caso de no presentación del plan o su incumplimiento, la administración debe constituir un depósito retribuido del 0,2% de su PIB nominal, que a los seis meses podrá convertirse en multa en caso de que los incumplimientos se reiteren. Pasados nueve meses, el Ministerio de Hacienda podrá enviar una delegación para valorar la situación económico-presupuestaria de la administración en cuestión.
Sin embargo, en el caso de que la administración en cuestión obviase incluso la creación de dicho depósito, el plazo de la intervención se reduciría a tres meses, de ahí que el plazo para las primeras intervenciones se sitúe en el mes de septiembre.
Crecimiento
En cuanto a la compatibilidad entre los ajustes presupuestarios y el crecimiento económico, el ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguró que «no existe incompatibilidad». Coincidió en el análisis con el titular alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, quien también participaba en unas jornadas europeas en Santiago. El responsable económico alemán además calificó de «impresionantes» las medidas adoptadas por España.
De Guindos insistió en la necesidad de una «reconducción del déficit público, que era inaceptable», y en «la fórmula de la austeridad, unida a las reformas económicas necesarias», como la del mercado laboral.
