De un plumazo y sin debatir. Así zanjó ayer el equipo de gobierno del Partido Popular la propuesta presentada al Pleno de la Corporación como ruego por el portavoz de Esquerra Unida en el Ayuntamiento, Miguel Ángel Pavón, de
crear un fondo social municipal con el dinero de las dietas, gratificaciones e indemnizaciones por asistencia a las sesiones plenarias o a reuniones de los órganos autónomos municipales o de los consejos de administración de empresas participadas por el Ayuntamiento.
Un fondo que, según resaltó Pavón, «serviría par luchar contra los desahucios de viviendas a familias o que no pueden costear los gastos de luz y agua, y ayudar a las gentes que no pueden pagar tasas e impuestos municipales». Una iniciativa que cuenta con el apoyo de los portavoces de los grupos municipales del PSOE y de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Elena Martín y Fernando Llopis, pero que fue rechazada por el PP.
Pavón indicó que solo por renunciar a las dietas que se cobran por asistencia a los consejos de administración de Aguas de Alicante y a Emarasa, empresas participadas por el Ayuntamiento, se ahorrarían 60.000 euros. Una cantidad que podrían pasar a este fondo social de ayuda a familias necesitadas que propone mediante su renuncia a las dietas.
La portavoz del equipo municipal de gobierno, Marta García-Romeu, refirió que esta propuesta, en parecidos términos, la hizo Esquerra Unida en el Pleno del pasado mes de marzo mediante una moción que, como recordó Miguel Ángel Pavón, pretendía que esa renuncia fuera automática para todos los concejales. Sin embargo, el PP se remitió a las argumentaciones del paso Pleno en el que esa renuncia debía ser individual, que era cuestión personal de cada edil y votó en contra de esta moción que contaba con el respaldo del resto de grupos de la oposición, PSOE y UPyD y, por lo tanto, ayer tampoco se admitió el ruego de EU.
Como se recordará, el PSOE acordó el pasado jueves renunciar a las dietas. Así, todos los concejales socialistas con dedicación exclusiva o que perciban sus retribuciones de otra administración públicas y que participan en alguna comisión de empresas o patronatos, dejarán de percibir las retribuciones por asistir a estas comisiones. Por su parte, el portavoz del grupo de UPyD, Fernando Llopis, está de acuerdo con la medida, como manifestó el pasado viernes, y al haber renunciado a la dedicación exclusiva las únicas retribuciones que percibe son por la asistencia a consejos y a los plenos.
Soluciones para el asilo
El equipo municipal de gobierno del Partido Popular, que tiene la mayoría de los votos en el Pleno, también rechazó la moción de Esquerra Unida de incluir en el catálogo de bienes y espacios protegidos el antiguo Asilo de Benalúa como Bien de Relevancia Local. Una propuesta que defendió el nuevo concejal de EU, Rogelio González, que tomó ayer posesión del cargo, y en la que se incluía también la calificación de los terrenos del asilo como equipamiento dotacional para posibilitar que se albergue de forma provisional las dependencias de la Audiencia Provincial. Pese al rechazo del PP de esta moción, la alcaldesa, Sonia Castedo, se comprometió a estudiar las distintas soluciones que se pueden plantear y que sean viables de tal manera que beneficien a todos, y argumentó la posibilidad de una permuta de terrenos con el Obispado para recuperar el asilo. Castedo llegó incluso a plantear que la permuta fuese en terrenos de la Ciudad de la Justicia. Con la moción EU pretende impedir que en un futuro pueda derribarse el histórico edificio del antiguo asilo de Benalúa y que en el proceso de revisión del Plan General los terrenos del asilo no pierdan su actual calificación como equipamiento, revirtiéndose la calificación como suelo residencial que le otorga la última versión aprobada del Plan General de mayo de 2010, tras haber aceptado el PP una alegación presentada por el Obispado de Orihuela-Alicante para que el solar del asilo perdiera su condición de equipamiento y se puedan construir viviendas.
Durante el Pleno intervino el arquitecto Rubén Bodewig, vicepresidente de la asociación de vecinos El Templete de Benalúa, quien argumento el valor histórico o del asilo, construido en 1885 con fines benéficos mediante aportaciones y donativos que cuenta con una capilla y una cripta en la que se encuentran enterradas importantes personalidades de la ciudad, como el Marqués de Benalúa.
También destacó la importancia de la iglesia y la cripta que se halla en su interior, y de la amplia superficie ajardinada que tiene el asilo, con árboles centenarios, por lo que señaló que sería un error recalificar el suelo como uso residencial para construir viviendas. Una defensa que también hizo el concejal de UPyD, Fernando Llopis, que defendió que se establezca un plan para darle uso dotacional este inmueble y que se mantenga para uso de los ciudadanos.
Por su parte, el concejal socialista Pablo Rosser abogó por convertir el asilo un centro del patrimonio cultural del barrio de Benalúa. Propuestas todas ellas que fueron rechazadas por la portavoz del PP, Marta García Romeu, que esgrimió la imposibilidad de asumir las propuestas que se hacían desde la oposición. No obstante, finalmente se impuso el criterio de la alcaldesa de estudiar soluciones para no perder este equipamiento social.
Plan de ajuste
El Ayuntamiento de Alicante aprobó con los únicos votos del equipo de gobierno local del PP, el primer expediente de modificación de créditos del presupuestos de 2012, por importe de casi 10 millones de euros. El portavoz de EU, Miguel Ángel Pavón, tildó las cuentas municipales de 2012 de «chapuza». Por su parte, el concejal de Hacienda Juan Seva indicó que esta modificación de créditos cuenta con «informes favorables» de los técnicos de Hacienda, y anunció que el Gobierno central publicaría ayer si acepta o rechaza el plan de ajuste económico propuesto por el Ayuntamiento de Alicante. Sin embargo, al cierre de esta edición el Ayuntamiento no había comunicado nada respecto a la aprobación o la denegación de dicho plan de ajuste.
Un plan que, a juicio de Seva, «es la hoja de ruta que marcará todas las actuaciones municipales previstas para hacer frente al crédito de 20 millones», para lo que la Conselleria ha solicitado al Ayuntamiento una propuesta actualizada del plan económico financiero, y la financiación de lo que se debe a los proveedores. Pavón recordó que pese a todo, el Ayuntamiento ha consignado en la modificación del presupuesto intereses asociados a ese préstamo por valor de casi un millón y medio de euros, haciendo constar el interventor en su informe que se presume una autorización que todavía no se ha otorgado.
