La privatización de parte de la gestión de los servicios sanitarios de la Comunitat, medida incluida en el plan de Reequilibrio Financiero aprobado por el Consell, causó ayer un aluvión de reacciones de todos los frentes posibles. Mientras desde el Consell y el PP se defendía a ultranza la bondad de la reforma, que permitirá mantener la gratuidad del sistema, la oposición tiró con fuego real llegando a asegurar que se trata del peor ataque a la democracia de los últimos 30 años, en palabras de la ex ministra del ramo, Leire Pajín.
El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, aseguró ayer durante su asistencia al congreso del PP madrileño que «sólo con medidas distintas» se podrá construir «el nuevo futuro». En este sentido, justificó la reforma del Consell y aseguró que «las soluciones del pasado ya no valen». Fabra acusó a la oposición de calentar la calle «y de hacer ruido que ponga en duda las medidas necesarias para el país». «Hemos tomado decisiones difíciles pero garantizan que podamos dar respuesta a los españoles», puntualizó ante sus compañeros de partido en Madrid.
El vicepresidente del Consell, José Císcar, negó que los cambios vayan a suponer «una reestructuración de la plantilla del sector sanitario», o lo que es lo mismo, una reducción de los puestos de trabajo. «No va a variarse, en absoluto, la política de personal», sentenció, antes de añadir que las diferencias tampoco las notarán los pacientes. «Tendrán los mismos médicos, hospitales y centros de salud».
El modelo descansa sobre la premisa de fomentar la colaboración privada en la gestión. La idea es que sea una empresa especializada en el sector la que se encargue de los servicios externalizados, como pueden ser las resonancias o el transporte sanitario, algo que ya se hace en la actualidad. La diferencia radica en que las entidades gestionarán estos servicios y otros no sanitarios (gastos corrientes) de toda un área de salud, mientras que hoy en día son varias las empresas que realizan estas tareas en la misma zona.
Además, la política de personal y las inversiones en infraestructuras seguirán dependiendo de la Generalitat. En definitiva, según el conseller de Sanidad, Luis Rosado, la población recibirá «la misma asistencia sanitaria por parte de la Agencia Valenciana de Salud y de la Generalitat, que será gratuita, universal y en las mismas condiciones». En este sentido, no habrán cambios en la prevención, tratamiento, diagnóstico o transporte sanitario urgente, por ejemplo.
Con la reforma el Consell confía en conseguir un ahorro de 400 millones de euros gracias a la aplicación «de economías de escala a todo el sistema», algo que en la actualidad no puede hacer una Administración pública, según Císcar. Además, las empresas adjudicatarias de los servicios deberán pagar un canon por el uso que harán de las instalaciones, lo que se traduce en más ingresos para las maltrechas arcas valencianas. Hay que recordar que el objetivo es cumplir el objetivo de déficit marcado por el Gobierno.
Por otro lado, el sindicato CESM-CV anunció ayer que plantearán al resto de organizaciones del sector la convocatoria de una huelga en la sanidad «en defensa del derecho de los médicos, trabajadores y ciudadanos a una sanidad general para todos». También exigió una rectificación del Consell en cuanto al nuevo modelo, antes de recordar los diferentes ajustes laborales que ya ha sufrido el colectivo médico y la ciudadanía en general, como el copago farmacéutico.
En declaraciones a EFE, la ex ministra y vicesecretaria general del PSPV, Leire Pajín, dijo que han pedido la comparecencia urgente del presidente para explicar «el porqué de estas medidas». A su juicio, Fabra «usa la coartada de la crisis para apostar por un modelo privatizador y de negocio en el que siempre han creído», que supondrá «desmantelar el estado de bienestar porque sitúan el negocio como objetivo, y no la universalidad y gratuidad». Pajín concluyó diciendo que estas actuaciones son «las más graves que se conocen en los últimos 30 años de democracia».
Desde las filas de EU, la coordinadora Marga Sanz señaló que su grupo estudia medidas para impedir «la barbaridad de privatizar» la sanidad, algo que equiparó a un «asesinato» y que supondrá «un jugoso negocio para las empresas». Además, desde Compromís preguntarán en Les Corts cuáles son las implicaciones de la empresa estadounidense Capio en la decisión del Consell. Para Mónica Oltra, se busca que las rentas altas decidan hacerse un seguro privado de salud, que es una de las áreas de negocio de la citada entidad.
Las filas populares también reaccionaron. La vicesecretaria de Comunicación, Marta Torrado, acusó a Pajín de «desvirtuar la realidad con fines políticos» y calificó sus declaraciones de «sensacionalistas». Además, insistió en que los cambios no modificarán la gratuidad del sistema.
Por último, la presidenta del Defensor del Paciente, Carmen Flores, pidió al Gobierno que el Estado vuelva a asumir las competencias sanitarias a raíz de la medida.
