Tras varias horas de debates de temas diversos, anodinos en varios casos, el hemiciclo vivió ayer uno de los pocos destellos de intensidad con la moción del grupo socialista donde se pedía la firma de un contrato programa con el Gobierno para recibir más ayudas destinadas al transporte público. El vicepresidente de la Federación de Vecinos, Antonio Pla, había leído en el turno del público un documento en defensa de la ampliación de la EMT, además de reclamar planes de movilidad e inversiones públicas para el sector.
El gesto le fue afeado por el edil de Tráfico, Alfonso Novo, quien en su réplica al concejal socialista Vicent Sarriá acusó al primero de «no haber venido en los últimos ocho años» a reclamar lo mismo durante el Gobierno de Zapatero.
«Llama la atención este hecho», subrayó, para añadir la condición de Pla de «miembro o exmiembro de la Ejecutiva socialista», en referencia a la vinculación del dirigente vecinal con el PSPV.
En los últimos años, las relaciones del gobierno municipal con la Federación de Vecinos han sido cordiales, hasta cierto punto amistosas, aunque es seguro que no gustó nada al grupo popular la lectura de un manifiesto en el hemiciclo en plena sintonía con la oposición socialista. A Pla se le vio muy serio mientras escuchaba los dardos verbales lanzados por Novo.
El dirigente vecinal aseguró que se trata de «una estrategia de los populares en contra de la participación ciudadana en el pleno». Dijo que tratará el asunto en la próxima junta vecinal y subrayó que leyó el escrito «bajo mandato de la Federación, no por mi cuenta».
Sobre el contrato programa, el concejal de Tráfico enmendó errores «o falsedades» en las afirmaciones de Sarriá, quien acusó a la Generalitat de ser la responsable de la pérdida de subvenciones para la EMT, Metrovalencia y Metrobús.
«En los dos mandatos de Zapatero, ustedes no han pedido el contrato programa y a los 120 días del Gobierno del presidente Rajoy ya lo están reclamando». Este acuerdo con el Estado supone una contraprestación a las grandes ciudades y sus áreas metropolitanas para que fomenten el transporte público. Se tiene en cuenta la población, los kilómetros recorridos, los pasajeros y otros criterios.
El motivo de no firmar el contrato ofrecido por el Gobierno socialista fue que «apenas daban más que lo que ya obtenemos con el subfondo de transportes, unos siete millones y medio de euros al año». Mientras que Valencia recibe 3,2 euros por habitante y año, la media en Madrid y Barcelona es de 31 y 32 euros respectivamente.
La conclusión del debate fue rechazar la propuesta socialista, que hablaba también de mantener la «calidad del servicio público de la EMT, así como garantizar la continuidad de los puestos de trabajo», el mismo día que parte de los trabajadores se habían concentrado en la plaza del Ayuntamiento, en protesta por los anunciados 208 despidos en caso de que la plantilla no acepte una rebaja salarial.
En su lugar habló de una alternativa, que no llegó a votarse, y que pasa por apoyar la negociación de la Generalitat con el Gobierno, a través de una enmienda a los Presupuestos del Estado.
