«O que cada valenciano pague 500 euros más al año en impuestos o incrementar la colaboración público-privada en Sanidad». Así de rotundo se mostró ayer el vicepresidente del Consell, José Císcar, para justificar el nuevo modelo al que la Generalitat dirige los hospitales y centros de salud de la Comunitat. Un modelo calcado al del hospital de Alzira, aunque con dos excepciones importantes. La Generalitat seguirá haciéndose cargo de las inversiones, y el personal estatutario (funcionarios e interinos) seguirán dependiendo de la Agencia Valenciana de Salud. La medida, anunciada ayer, se incluye dentro del Plan de Reequilibrio Financiero que el Gobierno valenciano está obligado a presentar antes del lunes para que el Ejecutivo central dé luz verde al plan de pago a proveedores al que se ha acogido el Consell.
En total, la Generalitat tendrá que apretarse el cinturón en 2.260 millones de euros para reducir su déficit hasta el 1,5% del PIB que ha establecido el Gobierno de Mariano Rajoy a las autonomías. El ahorro del Consell llegará casi a partes iguales entre medidas de ahorro en gasto (1.223 millones) y medidas por la vía de los ingresos (1.036 millones). Para lograr el nuevo objetivo de déficit, el Ejecutivo que dirige Alberto Fabra recuperará el impuesto de Patrimonio para recaudar 70 millones en 2013, aumentará un punto el gravamen por las transmisiones patrimoniales para obtener 44,5 millones e instaurará nuevas tasas judiciales por valor de 4 millones de euros para modernizar las infraestructuras de Justicia. Dicho plan será aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera que el Ministerio de Hacienda celebrará el 8 o 9 de mayo, como adelantó ayer el conseller de Hacienda, José Manuel Vela.
Los 2.260 millones que la Generalitat ahorrará para conseguir reducir el déficit y acogerse al objetivo obligado del 1,5%, saldrán por dos vías: la de los ingresos y la del ahorro. En la cuenta de ingresos se contemplan 1.036 millones de euros. A las ya conocidas tasas del céntimo sanitario (tributo que grava los combustibles con el que se recaudaran 76 millones de euros), actos jurídicos documentados y la tasa medioambiental, se une la recuperación del impuesto de Patrimonio en 2013 (en 2014 acaba la prórroga del Gobierno central), la venta de inmuebles, nuevas tasa judiciales y un aumento del impuesto de transmisiones patrimoniales. Sólo con el aumento de este tributo se recaudarán 44,5 millones de euros.
Pero la sorpresa del plan se estableció con la inclusión de un «canon de instituciones sanitarias» dentro del epígrafe de tasas e ingresos. Su función se desveló al final de la rueda de prensa que el vicepresidente del Consell dio con el titular de Hacienda. El nuevo canon no es ni más ni menos que un importe de 180 millones de euros que la empresa o empresas que quieran hacerse con la gestión de las 18 áreas de salud de la Comunitat Valenciana deberán abonar a la Generalitat, anualmente, en concepto de canon. Algo así como un alquiler por utilizar las instalaciones que el Gobierno valenciano ya tiene en funcionamiento. Hospitales, centros de salud y de especialidades. Se trata de intensificar la colaboración público-privada para comenzar a forjar un nuevo sistema sanitario que tiene su inspiración en el modelo sueco de los años 90 (no en el actual). En aquellos años, el país escandinavo optó por la privatización de la mayor parte de los servicios básicos del sistema de bienestar. Ahora, la Generalitat, en boca de su vicepresidente asegura que «todo es revisable», preguntado por si el Ejecutivo se plantea extrapolar el nuevo modelo sanitario a otros ámbitos. «Hay que prestar el mejor servicio pero que les cueste poco a los ciudadanos», aseguró. La Generalitat tiene previsto ahorrar con la implantación de este nuevo modelo más de 443 millones de euros al año. 180 por los ingresos que recibirá del canon por el uso de instalaciones y 263 por el menor gasto en logística y servicio sanitario.
Su implantación se llevará a cabo en enero de 2013, aunque el importe del ahorro ya se ha contemplado en el plan de reequilibrio porque fuentes de la Generalitat reconocieron ayer que la privatización se habrá completado antes de que llegue el último día de 2012 y se podrá hacer efectiva en este ejercicio presupuestario. «Se trata de hacer sostenible el conjunto de la Comunitat para que en el futuro la sanidad pueda seguir siendo pública y de calidad».
El vicepresidente del gobierno valenciano dejó bien claro que la colaboración público privada para gestionar la sanidad valenciana, que hasta ahora era una posibilidad, será una realidad a partir de enero de 2013. Císcar anunció un modelo basado en «intensificar el grado de colaboración público-privada» ya existente.
A las manifestaciones de Císcar ante los medios de comunicación tras la reunión del Consell se añadió la nota informativa de la Generalitat explicando que la gestión que llegará el próximo año implicará la «generalización del modelo de concesión administrativa en los departamentos de salud que en estos momentos son de gestión directa y se plasmará también en la integración de todos los servicios ya externalizados».
Alzira con diferencias
La referencia a la generalización del modelo de «concesión administrativa» trajo a la memoria de la sociedad el modelo Alzira, sistema de gestión que incorpora la colaboración privada y que en la Comunitat se estrenó en 1999 en el Hospital de la Ribera. Pero no sólo esa afirmación recordó el citado modelo. El argumentario interno del Partido Popular manifestaba expresamente en un escrito de ayer que el «nuevo modelo sanitario público y gratuito es similar al Hospital de la Ribera, conocido como modelo Alzira».
Aún cuando se plantearon todas estas cuestiones, distintas fuentes puntualizaron que el modelo de gestión escogido comparte aspectos con el del Hospital de la Ribera, aunque también encierra dos grandes diferencias. La primera de ellas alude al personal. Mientras en el modelo Alzira la gestión de los trabajadores también corresponde a la empresa gestora, en el sistema que ahora ha escogido la Generalitat los trabajadores siguen dependiendo de la Agencia Valenciana de Salud.
De hecho, Císcar insistió en que el personal sanitario continuará siendo estatutario, tanto los funcionarios como los interinos. Añadió que el personal laboral sí que podrá ser asumido por la empresa gestora, pero los trabajadores en estas circunstancias representan una presencia «residual». También desde Sanidad remarcaron esta circunstancia diferenciadora.
La segunda característica que distingue a uno de otro sistema es que la capacidad para construir infraestructuras sanitarias, al igual que la gestión del personal, queda en manos de la Conselleria de Sanidad. Sin embargo en el caso del modelo Alzira la situación es distinta, ya que las «infraestructuras normalmente las construyen las empresas concesionarias», apuntaron desde la Conselleria de Sanidad.
Sean cuales sean las diferencias, lo cierto es que el vicepresidente del Consell aseguró que se va a «intensificar el grado de colaboración público-privada». Para ello, el nuevo plan comenzará a aplicarse en enero de 2013, aunque se ultimará durante este año. ¿En qué consiste el nuevo modelo? El vicepresidente del Consell apuntó que la novedad radica en agrupar dentro de cada departamento de salud los servicios que ya están externalizados para adjudicarlos a entes gestores que llevarán a cabo la planificación de acuerdo con la Conselleria de Sanidad.
En estos momentos ya es muy amplia la cartera de actuaciones logísticas externalizadas, gestionadas por empresas privadas. Entre ellas se encuentran servicios de lavandería, transporte sanitario o resonancias, entre otras. Císcar habló de que el 85% de estos servicios ya están externalizados, lo que significa que están en manos de una empresa privada que los gestiona.
Hasta ahora, cada uno de los servicios externalizados estaba en manos de distintas empresas. Una ofrecía el servicio de lavandería, otra el de cocina y una tercera podía asumir otra de las actividades. Así, hasta completarlos todos. Lo que incorporará el futuro modelo es que una sola firma asuma la gestión de todos los servicios externalizados. Y en la concentración se encuentra la clave de la reducción de costes y, por tanto, del ahorro esperado.
La licitación de estos servicios para ser gestionados por empresas podría hacerse por lotes, que en principio se corresponderán con áreas de salud, aunque podría que no fuera así, tal como señaló Císcar. Esta aclaración recordó que recientemente la Conselleria de Sanidad dio a conocer que ya ha fijado los grupos de hospitales que compartirán el servicio de cocina para los menús de los pacientes.
De esta manera, tal y como aclararon desde Sanidad, el nuevo sistema comportará que el departamento autonómico pague a la gestora «una determinada cantidad de dinero», lo que se conoce como «cápita», por cada ciudadano adscrito al área de salud. La percepción de ese importe por parte de la empresa gestora obliga a esta a prestar los servicios. La cápita se fija teniendo en cuenta la repercusión de los costes de los servicios que gestiona la empresa, pero «no la que corresponde a personal y servicios asistenciales en tanto que estos siguen en manos de la Conselleria de Sanidad». De esta manera se espera obtener el beneficio que llevan aparejados los modelos de economías de escala. La previsión de la Generalitat es que los costes se reduzcan alrededor de un 10% en los servicios logísticos y un 15% en el apartado de servicios sanitarios. Ese es el mensaje que trasladó Císcar tras precisar que el modelo anunciado es el que «se va a implantar en todos y cada uno de los 18 departamentos de salud de gestión directa».
En estos momentos, también lo recordó el vicepresidente, cinco áreas de salud de la Comunitat ya están gestionadas por el modelo Alzira, lo que supone que el 20% de la población valenciana recibe atención en centros de estas características. En su intervención, precisó que se baraja que el plazo de adjudicación de la gestión a las empresas sea de 10 años, si bien no descartó que sea prorrogable a 15. Además, señaló que el sistema de contratación será «previsiblemente el que se conoce como diálogo competitivo, considerado el más eficaz para contratos de mucha complejidad, como puede ser este».
Despido de interinos
Por su parte, el secretario general del PSPV, Ximo Puig, convocó ayer una reunión de urgencia de diputados y miembros de la ejecutiva socialista valenciana para abordar los anuncios de «privatización» realizados por el Consell. Los socialistas valencianos están estudiando la «constitucionalidad» de las actuaciones avanzadas por la Generalitat. Asimismo, solicitarán la comparecencia «urgente» del presidente de la Generealitat, Alberto Fabra, para que explique las medidas. De hecho, desde la formación alertan de que con la privatización de la gestión «se abre la puerta a que el Consell despida a casi 20.000 interinos». Según el último informe de la Sindicatura de Cuentas, esa esa la cifra que representan los interinos dentro del personal sanitario. De los casi 50.000 personas entre personal estatutario, funcionario y laboral, un 45% son interinos, por lo que desde el PSPV creen que con la llegada de la gestión privada, acabarán siendo despedidos porque se sustituirán por trabajadores contratados.
Los sindicatos UGT y CCOO, por su parte, anunciaron movilizaciones en contra de este nuevo modelo sanitario, que en su opinión pone en peligro la sanidad pública y los derechos laborales del personal sanitario.
Desde el sindicato médico Cesm, como integrante de la Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad, afirmó que es «imprescindible» reforzar la unidad de acción sindical para «frenar el desmantelamiento de la sanidad» y denunció el «regreso a situaciones de hace décadas superadas en cuanto a la garantía de los derechos básicos».
