La comisión de Hacienda autorizó ayer obras de consolidación y mejora en el número 66 de la calle Eugenia Viñes, inmueble afectado por el plan urbanístico del Cabanyal. Se trata de uno de los casos donde el Ayuntamiento sí que concede licencia, al tratarse de una cuestión de seguridad para los viandantes.
Según figura en el expediente, se habían producido desprendimientos de cascotes en la calle. El Consistorio marca esta causa como una de las excepciones para conceder el permiso de obras, al contrario de lo que sucede en otros casos.
Como se sabe el plan urbanístico está paralizado desde hace años por el recurso interpuesto por el Gobierno en el Tribunal Constitucional. Desde entonces, la orden que se remitió a todos los servicios municipales qu se tramitaran las peticiones de empresas y particulares, para después dejarlas en suspenso.
El Ayuntamiento ya ha presentado la solicitud formal al Ministerio de Cultura para que derogue el decreto que prohibió en su día la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez. El Ejecutivo de Rajoy busca ahora fórmulas para que decaiga esta normativa y hacer viable de nuevo las obras municipales.
Mientras, la empresa pública Cabanyal-Canyamelar sigue con la compra de inmuebles para su futura demolición. Es la única alternativa que deja abierta el decreto de paralización, según la tesis del gobierno municipal.
Por el contrario, la oposición sostiene que sí que podrían concederse permisos para proyectos que no alteren la trama urbana, de un modo similar a lo que se autorizó ayer para el inmueble de la calle Eugenia Viñes. El portavoz socialista, Joan Calabuig, ha pedido varias veces la reanudación de las inversiones públicas tanto en viviendas como en equipamientos.
