Los recortes del Gobierno valenciano van al límite. Cualquier cosa sirve para presentar a finales de año unas cuentas comprometidas con la austeridad y, como se suele decir, toda piedra hace pared. Ahora el objetivo es ahorrar en el alquiler de los locales que ocupan las consellerias, fundaciones y empresas públicas.
Todos los organismos que dependen de la Generalitat ya han recibido una circular de la dirección general de Patrimonio de la conselleria de Hacienda que detalla los pasos a seguir. El conseller del ramo, José Manuel Vela, ha dado la orden con el objetivo de optimizar los recursos al máximo.
Dentro del plan de optimización de arrendamientos y patrimonio de la Generalitat, la dirección general de Patrimonio ha promovido una medida para que se rescindan todos los alquileres posibles para trasladar el servicio a edificios y dependencias que sean propiedad de la Generalitat, «sin que suponga un menoscabo en el ejercicio de sus tareas y se alcance con ello el consiguiente ahorro económico».
La carta remitida añade que desde la misma óptica «debe valorarse por cada conselleria la improcedencia de suscribir nuevos contratos de arrendamiento». La única posibilidad para que se pueda cerrar un contrato de alquiler es que sea «de manifiesta y acreditada necesidad, que resulte imposible de reubicar en otros inmuebles de la Generalitat».
La dirección general de Patrimonio advierte de que no va a tramitar ni un solo contrato de alquiler más. En la actualidad, la Generalitat se gasta al mes miles y miles de euros en bajos y locales para acoger las sedes de empresas públicas, fundaciones y otras dependencias,
Junto a la petición de que no se arrende ningún local más, la carta remitida desde Hacienda pide a todas las instituciones que se evalúe la posibilidad de llevar a término «la rescisión de cada uno de los arrendamientos adscritos a su departamento mediante el adecuado traslado de los recursos humanos y materiales a otros inmuebles de titularidad autonómica».
La otra opción que se maneja es que se reduzca el espacio de las dependencias «y por consiguiente la renta mediante la modificación sustancial de los contratos suscritos por la conselleria, debiéndose elevar en tal supuesto la propuesta a esta dirección general para su negociación en la parte propietaria».
En un futuro, el complejo 9 d'Octubre que se está levantando en la antigua cárcel de Valencia servirá para acoger muchas de estas dependencias alquiladas actualmente y que se reubicarán en los nuevos edificios.
Burbuja de enchufados
El nuevo líder de los socialistas valencianos, Ximo Puig, se pronunció ayer sobre los recortes anunciados en el sector público valenciano: «Certifican la explosión de la burbuja de enchufados». Puig señaló que el momento que vive el sector público empresarial valenciano «ha sido única y exclusivamente responsabilidad del PP y del Gobierno de Alberto Fabra», puesto que «no ha adoptado ninguna medida para cambiar las nefastas políticas que ha llevado el PP a cabo durante los 17 años que ha estado al frente de la Generalitat y que han provocado la situación de quiebra que atraviesa la Comunitat Valenciana».
El popular Antonio Clemente calificó de «vergüenza» que el PSPV hable de recortes «cuando 24 horas antes la Unión Europea certificó que el Gobierno de Zapatero había mentido sobre el déficit».
Un estudio elaborado por la Universidad Internacional de Valencia (VIU) concluye que el 50,5% de los valencianos está a favor de la supresión de las empresas públicas de la Generalitat. Un porcentaje que identifica a todos los colores políticos.
