Los diputados provinciales de Valencia tendrán que indicar en un formulario dónde van y a qué para poder utilizar los coches oficiales, según aprobó ayer por unanimidad el pleno de la Diputación.
La corporación, que preside Alfonso Rus, controla desde 2009 el uso de los 15 coches oficiales de los que dispone actualmente, aseguró el vicepresidente de la entidad y portavoz del grupo mayoritario, Juan José Medina.
En un formulario que el diputado está obligado a firmar antes de abandonar el coche oficial, se refleja la hora de inicio del recorrido, el destino y la hora del final del servicio. Después este formulario lo entrega el chófer.
Ahora, además de solicitar el vehículo, y a posteriori indicar el destino y el tiempo de uso, los diputados provinciales deberán indicar si lo utilizan para asistir a una reunión con un alcalde o alcaldes, con grupos políticos municipales, con entidades sociales o culturales, con organizaciones empresariales o sindicales o bien para visitar obras o acudir a actos oficiales o institucionales.
Al formulario que se empleaba hasta ahora se le añadirá un anexo en el que constarán unos casetones y el diputado interesado tendrá que marcar el motivo por el que ha utilizado el vehículo oficial.
El acuerdo entre PP, PSOE y el único representante de Compromís en este asunto era total antes de iniciarse el pleno. Luego se sumó EU. La diputada Rosa Pérez reclamó durante el pleno que en el formulario se exigiera el motivo por el que se solicitaba el uso del vehículo. Tras exponerle el portavoz del PP que constará en el anexo, la de EU se dio por satisfecha.
También acordaron los cuatro grupos consensuar la ordenanza que regula la cesión de los edificios provinciales, con especial referencia en la plaza de toros. La moción la defendió el portavoz socialista, Toni Gaspar. La presentó porque el pasado 20 de marzo la Corporación provincial negó a los sindicatos, con razón -reconoció el del PSOE-, el coso de la calle Xàtiva para usarlo como escenario de un mitin contra el decreto de recortes aprobado por el Consell el pasado 4 de enero.
También se aprobó por unanimidad una moción sobre la trama de los bebés robados presentada por el PP que sustituyó a una iniciativa defendida por EU. En ella la Diputación insta al Consell a que colabore con la Fiscalía y los órganos judiciales, para investigar «los supuestos casos de robo y adopción irregular». Pide también que colabore con las víctimas y afectados para esclarecer estos casos y que se les facilite realizar en laboratorios de los hospitales públicos pruebas genéticas.
En lo que no hubo acuerdo entre el PP y la oposición fue en otra moción que presentó el portavoz del PSOE, Toni Gaspar, esta vez en contra de la reforma laboral.
Pese a que ambos portavoces, Gaspar y Juan José Medina, reconocieron que este era un asunto en el que nada podía decidir la Diputación -sería una competencia impropia y aumentaría el 26% que ya acumulan las corporaciones provinciales-, hubo debate con un previsible contenido: las formaciones de izquierda afirmando que el PP está haciendo pagar la crisis a los trabajadores mientras el centro derecha echaba la culpa a los siete años y medio de gobierno del socialista Rodríguez Zapatero para justificar la toma de decisiones.
La combativa diputada de EU se quedó sola defendiendo una moción en la que pedía que la Diputación pagara los intereses que les genera a los ayuntamientos las deudas pendientes de pago de la Generalitat. PP y PSOE votaron en contra y se abstuvo el representante de Compromís. Pérez Garijo se llevó la reprimenda del presidente de la Diputación, Alfonso Rus, porque presentó una decena de preguntas a los diputados de carreteras y cultura. «No permitiré que colapse un departamento. Se le contestará en tiempo y forma: en el tiempo que sea posible y en la forma correcta», le dijo el presidente.
Rus reconoció que el Gobierno ha retirado de los Presupuestos para este año 80 millones del plan provincial de obras y servicios. Afecta en 3,5 millones a la Diputación: haremos un esfuerzo y no se notará.
