Hoy se cumple una semana justa desde que la edil pilareña y tránsfuga socialista Josefa Meroño diera entrada por Registro en el Ayuntamiento de Orihuela a un documento en el que recusa la participación de los concejales del tripartito Antonia Moreno y Antonio Zapata por el ya conocido como 'caso de las antenas' instaladas, de manera alegal y sin licencia de ningún tipo en el municipio de Orihuela, según el ejecutivo local.
El documento que la representación legal de Meroño registró el pasado día 18 en el Ayuntamiento de Orihuela argumenta como principal motivo en que se fundamenta la recusación de la concejal de Planificación y de su compañero de Urbanismo, en la «enemistad manifiesta» entre la pilareña y la socialista, a cuenta del apoyo que aquella ofreció hace seis años a la moción de censura con la que el PP desbancó de la Alcaldía al socialista Ignacio Ramos en los últimos meses de aquella legislatura. Meroño confiesa incluso que las relaciones con Antonia Moreno como compañeras de partido «no eran muy cordiales».
En esta dirección, el escrito de la concejal del Pilar trata de dejar patente las diferencias que mantiene con los socialistas oriolanos; indica, pese a no haber coincidido nunca con Antonio Zapata al que tampoco conoce, tal y como este periodico pudo comprobar ayer por fuentes municipales, que el titular de Urbanismo «inicia su participación en política bajo el madrinazgo de doña Antonia Moreno Ruiz, sigue el dictado de las pretensiones de su jefa de filas», hasta el punto de sugerir que la recusación hacia Zapata es por su asentimiento con las criticas lanzadas por Moreno.
Desde el tripartito oriolano, hay quien incluso lamenta «la falta de sentido común» de Meroño o de sus representantes, que denota el documento, al intentar responsabilizar de la instrucción del ya conocido como 'caso de las antenas' o de las zanjas a los concejales, puesto que según informaron fuentes del caso «la instrucción corresponde a funcionarios de la brigada de infracciones urbanísticas, nunca a los políticos», y aclararon que dicho procedimiento se inicia a través de una denuncia de los agentes de policía que descubrieron los trabajos ilegales, calles cortadas de forma ilícita y con señalizaciones no autorizadas por el área competente. Respecto a esta cuestión y preguntados por el conflicto, desde el gobierno local trataron de aclarar que a fecha de hoy «todavía no ha llegado solicitud alguna que permita una zanja de seis kilómetros», sino que existen 31 solicitudes de permiso presentadas por la firma Torresatélit TV S.A. desde el año 1997, es decir, hace tres lustros; de ellas 19 fueron favorables y en ellas se contempla la apertura de zanjas que van desde un metro y medio hasta 170 metros lineales, si bien la mayoría de dichas solicitudes no especifica tamaño sino «zanjas y obras anejas de telecomunicaciones» o bien «realizar trabajos para la acometida», e incluso «pasar cable por acometida ya existente». En todo caso, los permisos aprobados apenas permiten la apertura de unos cientos de metros, y no de 5,9 kilómetros como contabilizó el Consistorio oriolano. Otras siete peticiones se quedaron como «iniciado», es decir sin llegar a tener permiso municipal. Y las tres peticiones de 2009, más la única tramitada en 2011, según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, fueron informadas por los técnicos municipales con «deficiencias».
Uno de los datos más curiosos de la documentación obrante en el Consistorio oriolano se refiere a un documento del departamento de Disciplina Urbanística cuando detectó a finales de febrero el corte de casi seis kilómetros en el municipio. Los funcionarios municipales, en su informe, detallaron el nombre de algunas de las calles por las que la firma Torresatélit discurrió la zanja. Pues bien, ninguna de esas calles sobre las que se realizaron obras, salvo los viales dedicados a Nicolás de Bussi, Paraná o Niágara, aparecen en los listados oficiales como calles sobre las que se pidiera licencia para realizar obras, o cortes parciales de tráfico, ni ninguna otra afección.
