Sor María Gómez Valbuena, la monja acusada del robo de un bebé en 1982, ha recurrido su imputación por detención ilegal y falsedad documental ante la Audiencia Provincial de Madrid al considerar que la causa penal que se sigue contra ella en el juzgado de instrucción número 47 de la capital ha prescrito.
El recurso de apelación interpuesto por el abogado de la religiosa, José María Calero Martínez, llega después de que el juez Adolfo Carretero desestimara el sobreseimiento y archivo de las actuaciones y continuará con el proceso. Una decisión que el magistrado tomó antes de que sor María acudiera a declarar en calidad de imputada el pasado 12 de abril.
El letrado alega que su cliente no puede ser sometida a un proceso penal por hechos que, «aun en el supuesto de que fueran ciertos y que se pudieran considerar delictivos, estarían indudablemente prescritos al estar datados hace treinta años». Es decir, que la responsabilidad penal de la religiosa de 87 años se habría extinguido.
La base del recurso se centra en la caducidad de los hechos imputados, en este caso detención ilegal y falsedad documental. Con respecto al primer delito, señala que de ser cierto que sor María sustrajo el bebé «en ningún caso consistiría en detener o encerrar a alguien». Y sobre el segundo delito dice que la recién nacida, hija natural de la denunciante, María Luisa Torres, estuvo en los primeros días de su vida bajo la custodia, dependencia y a disposición de las autoridades sanitarias y administrativas de la Casa de Salud Santa Cristina, dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia del gobierno de la época, presidido por Adolfo Suárez, de UCD. Recuerda el abogado de sor María que Pilar, la menor recién nacida, fue supuestamente sustraída porque su madre «llevaba una mala vida», según la denunciante.
