El Gobierno valenciano va a modificar el anteproyecto de ley de RTVV para adaptarlo a las exigencias del Ejecutivo central con el fin de que el ente televisivo no presente ni un céntimo de déficit al cerrar el año.

Así lo comunicó ayer el vicepresidente, José Císcar, a los cuatro portavoces parlamentarios. El número dos del Consell les entregó el anteproyecto legislativo junto a los dictámenes elaborados por el Comité Económico y Social y el Consell Valencià de Cultura. Aún está pendiente el del Consell Jurídic Consultiu, que tendrá que volver a pronunciarse cuando el Gobierno valenciano modifique el texto para eliminar el déficit autorizado de un 7% y plasme el déficit cero.

«Aunque no lo dijera el Gobierno, la Generalitat apostaría por el déficit cero y por un modelo de televisión de calidad que defienda lo valenciano y sea sostenible», declaró el vicepresidente.

La entidad que nazca de la nueva ley lo hará sin la mochila de los 1.200 millones de euros de deuda que arrastra actualmente el ente público, ya que la asumirá directamente la Generalitat.

Císcar indicó a los síndicos que el Consell aprobará la nueva ley de RTVV en el actual periodo de sesiones aunque haya que habilitar el mes de julio para que Les Corts tenga actividad legislativa.

«Queremos un modelo de televisión pública, que defienda y fomente el valenciano, las costumbres, tradiciones y la cultura, adaptada a la realidad y que sea sostenible», declaró José Císcar.

El vicepresidente recibió primero a la portavoz de EU, Marga Sanz, quien le entregó el mismo documento de propuesta de su grupo parlamentario que ya le hizo llegar a la antecesora de Císcar, Paula Sánchez de León.

Marga Sanz, al igual que después lo hizo Enric Morera, de Compromís, se mostró preocupada porque el valenciano se trata en el anteproyecto de ley como una lengua «preferente», pero no prioritaria. La de EU reclamó que la televisión autonómica sea un servicio público, en el que tenga cabida la publicidad y se fomente la producción propia.

Sanz y Morera se mostraron preocupados por la externalización de programas. En este sentido, el síndico del PSOE, Antonio Torres, afirmó que la producción directa en la televisión autonómica se ceñirá a programas informativos y los relacionados con la lengua y la cultura y el resto será producción indirecta. Torres se quejó de que su grupo no ha participado en la redacción del anteproyecto de ley.

El síndico del PP, Rafael Blasco, mostró el respaldo de su grupo al proyecto que el Consell remita a Les Corts y apoyó la reducción del consejo de administración.

Además, el portavoz de los populares, mostró su absoluta disposición a apoyar el documento interno del PP en el que los cargos públicos se comprometen a mantener un comportamiento honesto.

Blasco declaró que la iniciativa del presidente del PP de la Comunitat, Alberto Fabra, «es recomendable» e incidió en que la inmensa mayoría de los políticos valencianos son honestos y se dsacrifican por la ciudadanía.

«El presidente quiere que todos los cargos públicos sean transparentes y ejemplares», afirmó, por su parte, el vicepresidente Císcar. «Es lo que piden los ciudadanos», puntualizó.

Adelgazar el sector público

Císcar, además, aseguró que la plantilla del sector público empresarial disminuirá entre un 40 y un 50%, pero matizó que «eso no significa que todo sea a través de Expedientes de Regulación de Empleo. También se pueden privatizar empresas públicas y cuando se privatiza una empresa pública, los empleados pasan a depender de la empresa privada», afirmó.

El número dos del Consell incidió en que el Gobierno valenciano quiere hacer «mucho más pequeño» el sector público empresarial autonómico porque tal y como se encuentra hoy en día «es insostenible». Císcar afirmó que va a suponer «un esfuerzo duro y doloroso» la reducción del tamaño del sector público, que pasará de las 46 empresas y entidades públicas actuales a seis consorcios temáticos, pero «no nos queda mas remedio» que acometer ese adelgazamiento de la administración porque el Consell debe «garantizar la sostenibilidad de la administración». Añadió que los procesos de despido «van a ser absolutamente objetivos y transparentes».

Por su parte, el portavoz socialista, Torres, dijo que una parte del sector público «ha servido exclusivamente para propaganda del propio gobierno» y ese, según su criterio, es el que hay que eliminar. «Que no paguen justos por pecadores», exigió Morera, de Compromís.