La campaña sísmica en 3D prevista para el próximo invierno por la empresa petrolífera Cairn Energy está supeditada a una declaración favorable de impacto ambiental por parte del Gobierno central. Tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de Valencia resultarán claves en la decisión final. «Para este estudio se consultará a las administraciones públicas tanto autonómicas como locales así como a las asociaciones y personas afectadas», explican fuentes del Ministerio de Industria.
El Consell y los consistorios tendrán voz en la concesión o no de los permisos. También otros agentes implicados, como pueden ser ecologistas o empresarios turísticos. De momento, los Ministerios de Industria y Medio Ambiente ya trabajan con la documentación aportada por la multinacional con sede en Edimburgo. «El 14 de febrero presentamos nuestra solicitud, con un informe técnico y otro ambiental. Se trata de un estudio robusto, riguroso y amplio, que contempla las leyes y requerimientos de España, así como los estándares internacionales y tiene en cuenta las buenas prácticas», apuntan fuentes de la empresa.
Cairn Energy ha renunciado a investigar en la zona llamada 'Albufera', situada a tan sólo tres kilómetros de la costa valenciana, y centra su interés en el resto de bloques (Benifayó, Gandia, Alta Mar I y Alta Mar II). Así, el área a explorar más cercana al litoral se situará a 26 kilómetros de distancia, lo que disminuye el impacto visual y la afección paisajística que podrían tener las posibles plataformas petrolíferas. Es decir, desaparecen las principales causas de rechazo inicial a los sondeos.
En esta fase, que ocupa el tercer y cuarto año de trabajo, el objetivo es «identificar los prospectos que pueden albergar hidrocarburos», explican desde la firma escocesa. Para ello se utilizará un barco con un sistema similar al sónar de un submarino que permite fotografiar el subsuelo para reconstruir de forma precisa y en tres dimensiones las estructuras geológicas del fondo marino.
Las mismas fuentes explican que están a la espera de conocer la decisión del Gobierno para dar el siguiente paso, que es contactar con una empresa contratista que les facilite la embarcación especializada. En ella está previsto que trabajen entre 50 y 60 personas. La inversión prevista para los estudios sísmicos es de 20 millones de euros y el presupuesto total ronda los 100 millones.
«Cualquier tarea requiere de una autorización ambiental previa», señalan desde el Ministerio de Industria, que añaden que la profunidad del estudio «depende del peligro o riesgo» que entrañan los mismos. Tal y como recoge el real decreto por el que el anterior Ejecutivo central autorizó la búsqueda de hidrocarburos en el Golfo de Valencia, en esta fase previa a la adquisición sísmica se requiere un análisis de impacto ambiental, un plan de gestión con medidas preventivas y un programa de contingencias para los posibles impactos que se podrían producir.
