Los cinco sindicatos con representación en la Mesa General de Función Pública consideran que el conseller de Hacienda, José Manuel Vela , debería «colaborar» en la organización del referéndum convocado entre los empleados públicos para pronunciarse sobre las medidas del decreto ley de ajustes.
Así lo indicaron los sindicatos en un comunicado de prensa conjunto, en el que se refieren a una carta que el conseller ha remitido a los empleados públicos sobre las medidas de ajuste propuestas por el Consell. La Conselleria de Hacienda señaló que no va a pronunciarse sobre esta cuestión.
Las organizaciones sindicales (CCOO, UGT, CSI·F, Fses e Intersindical Valenciana) afirman que el president de la Generalitat, Alberto Fabra, «debería obligar al conseller a colaborar en la organización del referéndum», convocado para el 10 de mayo, «y si se niega, destituirlo», añaden.
La carta remitida por el conseller tiene por objeto «incidir en el resultado» del referéndum, según los sindicatos, para los que el escrito tiene «muchas inexactitudes» o «verdades a medias», entre ellas presentar las propuestas de medidas del personal presentadas el 2 de abril «como si no existiera previamente» un decreto ley «de recortes en la función pública y aumento de impuestos».
Aseguran que fue la Generalitat «la que cortó la negociación de forma unilateral», así como que las medidas propuestas «son imposibles de cumplir», como la evolución positiva de los ingresos de la Generalitat en 2012, «o no dependen de la Generalitat», como la regulación de la jornada y la convocatoria de ofertas públicas.
Actúa de «mala fe»
En el comunicado, acusan al conseller Vela de «mala fe» por «dejar caer sospechas» sobre los sindicatos al afirmar, en su carta, que está convencido «de que el referéndum alberga, para algunos, intereses diferentes de los meramente laborales». Han manifestado que el conseller está equivocando su posición respecto al referéndum, que parece indicar que el Consell «tiene miedo de la democracia directa», y han agregado que si la Generalitat no colabora en la organización de la votación «con mucha probabilidad estará vulnerando el derecho a la participación sindical y ello puede suponer responsabilidades jurídicas».
