La investigación sobre las ayudas de cooperación a determinadas ONG se ha elevado por encima del plano judicial para adquirir tintes políticos de enfrentamiento en la familia popular. Al portavoz del PP y exconseller de Solidaridad, Rafael Blasco, no le ha gustado que el presidente del Consell, Alberto Fabra, desenfundara tan rápido y destituyera de manera fulminante a Josep Maria Felip y Álex Catalá, dos ex altos cargos de Cooperación, imputados en la causa y por los que Blasco pone la mano en el fuego. El síndic popular no se anduvo con rodeos y recordó que en su día Fabra fue imputado: «Si entonces hubiera dimitido, ahora no ocuparía el cargo que tiene (presidente de la Generalitat)». Fabra, durante su etapa como concejal de Urbanismo de Castellón, fue imputado por el conocido 'caso Renfe'. Acudió a declarar en 2003 como imputado por una querella que el PSPV presentó contra el entonces alcalde, José Luis Gimeno, y el empresario Luis Batalla, por un presunto delito de prevaricación, tráfico de influencias y falsedad de documento público.
La denuncia del PSPV señalaba a Fabra como la persona que adjudicó a una de las empresas de Batalla el desarrollo de los terrenos liberados tras soterrarse las vías de Renfe. Fabra, finalmente, fue absuelto. El vicepresidente del Consell, José Císcar, señaló ayer que a Fabra se le interpuso una querella política que no tenía contenido y que se archivó rápidamente.
Blasco aprovechó la rueda de prensa de ayer para resaltar que sobre él no hay «nada de nada» relativo a la investigación judicial abierta por un presunto delito de malversación y fraude en las ayudas de cooperación a determinadas ONG, que presuntamente utilizaron los fondos que debían ir a Nicaragua para comprar pisos en Valencia. Pero Blasco se metió en un terreno pantanoso al mentar el nombre de Alberto Fabra. El síndic popular le afeó una decisión que, según dio a entender Blasco, fue precipitada. La argumentación del portavoz popular escoció en la sede del Gobierno valenciano. Fuentes próximas al Palau de la Generalitat calificaron de «desafortunadas» su palabras y las enmarcaron dentro de una estrategia a la defensiva por si finalmente es imputado el exconseller de Solidaridad y Ciudadanía. Como una forma de intentar guardarse las espaldas ante una hipotética imputación. El exconseller apuntó que es fácil que aparezcan conversaciones telefónicas suyas.
Blasco, más allá de defender su inocencia, trabó un discurso muy al hilo del reciente congreso nacional del PP celebrado en Sevilla y la ponencia de estatutos que defendió el propio presidente de la Generalitat. La mano dura de Fabra contra Felip y Catalá es prolongación de lo aprobado en Andalucía. Ayer, Blasco, abrió una espita: «El tratamiento de cada imputación debe ser singular». Y sobre la mesa, además del caso de Fabra, puso dos ejemplos más. El más reciente, el del expresidente Camps, del que Blasco recordó que fue imputado, juzgado y salió no culpable. Camps también presentó su dimisión y dejó de ser el jefe del Consell. También citó el del exconcejal del Ayuntamiento de Valencia Jorge Bellver, juzgado y absuelto en el caso Monforte. Al no dimitir, Bellver mantiene su acta de diputado.
Blasco, que no es la primera vez que se ve en una de estas, señaló que a la hora de valorar las decisiones a tomar sobre las imputaciones de cargos públicos «habría que ser más escrupuloso hasta que no exista una condena firme». La nueva ponencia de estatutos del PP, que parió el propio Fabra, contempla la apertura de un expediente informativo en caso de imputación y disciplinario si se abre juicio.
Durante toda la rueda de prensa, el exconseller de Solidaridad hizo una defensa férrea de la presunción de inocencia con una mirada directa al Palau de la Generalitat. A la pregunta de si aceptaba y compartía la decisión de Fabra de destituir de sus puestos a Felip y Catalá, el portavoz del PP en Les Corts no eludió la pregunta: «La acepto y... comparto sus explicaciones». Una forma de deslizar finamente que en ningún caso comparte la decisión de destituir a los dos ya exaltos cargos.
El síndic popular defendió su honorabilidad: «No hay nada de nada contra mi persona en la causa. Ni una sola línea de investigación y ni una imputación». Pidió que se respete la presunción de inocencia, el secreto de sumario y exigió que no se hagan juicios paralelos. «Confío en la profesionalidad, honestidad y responsabilidad de las personas que conozco y dicen que están siendo investigadas», señaló Blasco, que recordó que puso toda la documentación pertinente «en manos de la Fiscalía». Dijo que el que quiso vio los expedientes y apuntó que fueron auditados por la Sindicatura.
Apunta a Carmen Dolz
Blasco aprovechó su intervención para echarle un capote al exdirector de Cooperación Josep Maria Felip: «La concesión de la subvención a la fundación CYES se acordó en 2008 cuando era directora general Carmen Dolz, que dejó el cargo a petición propia por motivos familiares. Tanto ella como Pilar Collado (su sucesora) fueron directoras generales ejemplares». Felip, posteriormente, sustituyó a Collado. De Catalá dijo que inicio un procedimiento de reintegro y que rechazó varias de las facturas.
El portavoz del PP señaló que Fabra «actuó en conciencia como estimaba que debía actuar» aunque apuntó que se han tomado unas decisiones «que pueden hacer mucho daño a nivel personal, político y familiar». Por eso Blasco pidió que cada imputación se trate de manera singular. Aseguró que sobre su ámbito de actuación -Felip y Catalá básicamente- no hay ninguna irregularidad aunque matizó que no podía controlar a todos los funcionarios que dependían de su conselleria.
