Los graves incidentes ocurridos en la protesta estudiantil del pasado lunes siguen generado tensión en los despachos y una profunda bronca política con peticiones de dimisión del jefe superior de Policía de Valencia, Antonio Moreno, y la delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León.
El comisario general de Seguridad Ciudadana, Florentino Villabona, se reunió ayer por la mañana con el jefe superior de Policía de Valencia, Antonio Moreno, el comisario provincial de Valencia, Miguel González Defez, y el jefe de las Unidades de Intervención Policial (los grupos antidisturbios) de Valencia, José Luis Garau. El motivo no era otro que analizar los errores y aciertos en los operativos llevados a cabo en las protestas estudiantiles, según informaron fuentes policiales.
El pasado 12 de enero, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, renovó la cúpula policial y puso al frente de la Policía Nacional un equipo de su confianza integrado por profesionales de dilatada trayectoria, entre los que se encuentra el comisario que se reunió ayer con el jefe de la Policía de Valencia. Uno de los aspectos que trataron fue las disculpas de Antonio Moreno por llamar «enemigo» a los manifestantes.
Villabona escuchó también las explicaciones que le dieron los mandos policiales de Valencia sobre los motivos de la carga policial: los ataques con piedras y botellas que sufrieron algunos de los agentes. La Policía tiene grabaciones de vídeo y fotografías de agresiones cometidas por individuos que ocultaban sus rostros.
Responsabilidades
Ni cien días de gracia, ni dos meses de tranquilidad. A Paula Sánchez de León, la mano derecha de Francisco Camps en su último Gobierno, se le ha venido encima la primera polémica de entidad apenas 53 días después de tomar posesión del cargo de delegada del Gobierno.
Sánchez de León es la máxima responsable de las fuerzas de seguridad del Estado en el ámbito de la Comunitat Valenciana, bajo la dependencia del Ministerio del Interior, de manera que los grupos de la oposición han puesto en ella y en Antonio Moreno, el punto de mira en lo que a exigencia de responsabilidades políticas se refiere.
En el PP valenciano nadie contempla la posibilidad de que Sánchez de León tenga que asumir ningún tipo de responsabilidad por lo ocurrido. Las fuentes del Gobierno valenciano consultadas aseguran que en el caso de que hubiera que adoptar alguna medida, en ningún caso sería con la delegada del Gobierno.
De hecho, se considera que su perfil dialogante, su capacidad de trabajo y su permanente disposición al acuerdo, se encuentran en el polo diametralmente opuesto a los incidentes que se produjeron el pasado lunes. Ni por el tiempo que lleva al frente de esta responsabilidad, ni por su manera de afrontar su trabajo, cabe interpretar que Sánchez de León tenga alguna responsabilidad en la gestión de los violentos hechos ocurridos en las protestas estudiantiles, según las fuentes populares.
Incluso sería un error plantear la posibilidad de adoptar algún tipo de medida, incluso con el jefe superior de Policía de Valencia. Estas fuentes consideran que si bien se trata de un cargo nombrado en su día por el ahora líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, y por lo tanto podría haber sido «relevado» de su cargo, hacerlo ahora sería tanto como enviar un mensaje de debilidad hacia los grupos políticos que utilizan estos incidentes para poner a prueba la respuesta del PP.
«Algunos creen que el hecho de que gobierne el PP es una anomalía, y utilizan todo lo que tienen en su mano para tratar de dar la vuelta a esa situación», consideró este cargo. Por ese motivo, esta fuente se mostró partidaria de no adoptar «en este momento» medidas drásticas con ningún responsable del operativo policial en la manifestación del pasado lunes.
