La decisión del Partido Popular de no secundar la reclamación de UPyD para iniciar el procedimiento de ilegalización de Bildu y Amaiur ha provocado el malestar no sólo de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), sino también del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite).
Las dos asociaciones que engloban a la inmensa mayoría de las víctimas de ETA han sido contundentes a la hora de expresar su apoyo a la posición mantenida por la portavoz de esta formación en el Congreso, Rosa Diez , en contra del resto de fuerzas parlamentarias. Como también lo fue Ana Iríbar, la viuda del dirigente del PP vasco Gregorio Ordóñez.
«La soledad en política a veces es hasta buena», subrayó Iríbar en una carta publicada por la web de la fundación que lleva el nombre de su marido. «Siempre consideraremos que los sospechosos de ser los herederos de Batasuna solo tienen una forma de dejar de serlo, que no es otra que la condena de la historia de terror de ETA, no de los atentados hipotéticamente futuros, ése es el fraude, sino de todos y cada uno de los atentados de nuestros familiares», defendió por su parte el Colectivo de Víctimas del Terrorismo en un comunicado en el que se solidariza con Díez y su partido.
Los populares insisten en que no hay pruebas suficientes que permitan acudir a los tribunales para ilegalizar Bildu y Amaiur con garantías de éxito y esgrimen un informe hecho público por la Fiscalía esta misma semana en el que, aseguran, se «constata» que no existe «base probatoria» contra ambas formaciones. Intentarlo y fracasar, alegan, sería perjudicial para el estado de derecho y daría oxígeno al mundo de la izquierda independentista radical.
Las víctimas rechazan el argumento. Y coinciden con populares del sector 'duro' como los parlamentarios europeos Carlos Iturgaiz y Alex Vidal-Quadras.
