El departamento municipal de Medio Ambiente se ha puesto en pie de guerra para intentar terminar con la 'lucha' que durante años libran la Confederación Hidrográfica del Segura y la Administración Local a cuenta de los vertidos de las depuradoras al cauce público. Las sanciones han caído como jarros de agua fría sobre las arcas municipales, aunque en la actualidad debido a la frágil situación económica de las mismas, una multa de esta índole podría terminar de tomper el arca que custodia el liberal Juan Ignacio López-Bas. Así las cosas, tal y como explica el titular de Medio Ambiente, Manuel Culiáñez, el Ayuntamiento ya ha visado los proyectos necesarios para mejorar las instalaciones de depuración de aguas residuales de las pedanías de San Bartolomé, Hurchillo y Torremendo con la intención de evitar nuevas sanciones del organismo que gestiona la cuenca del Segura, la última de las cuales está recurrida porque tal y como indica el ecologista Culiáñez, desde el Consistorio no se considera justo que sea el municipio el que tenga que pagar una multa por vertidos de 300.000 euros, como fue en el último caso, por el único motivo de que la estación en cuestión se encuentre en término oriolano, dado que es competencia de la Entidad Pública de Saneamiento (Epsar) de la Generalitat la realización de las mejoras y el mantenimiento de las mismas.
Dado que en el caso de las pequeñas el Ayuntamiento todavía puede 'meter mano', se ha dado el visto bueno al proyecto para las tres plantas de estas pedanías que necesitan de unas obras de mejora que supondrán una inversión de 70.000 euros pero que ahorrarán multas que, si se sumara la cuantía de las de los últimos años, superaría con creces esta cantidad. Culiáñez explica que lo que pretende el gobierno municipal es no tener que hacer frente a todo el pago de estas mejoras, por lo que solicitará al departamento de Ciclo Hídrico de la Diputación Provincial que subvencione en un 50% del total los trabajos, un área que además gestiona la portavoz del PP oriolano y diputada, Mónica Lorente.
En todo caso se apruebe o no esta ayuda que supondría a la institución provincial el aporte de 35.000 euros, el ecologista asegura que el Ayuntamiento se haría cargo de sufragar el trabajo dado que se trata de algo necesario para dejar de recibir multas de la CHS como una de 30.000 euros que se puso el año pasado a la estación depuradora de San Bartolomé. En todo caso los encargados del mantenimiento de las plantas que son trabajadores de Aquagest hicieron todo el trabajo necesario para lograr que esta última sanción no se repita, ya quela depuradora de San Bartolomé está a punto de lograr la autorización como punto de vertido.
Desde Aquagest se revisa todos los días el funcionamiento de las depuradoras, que además, cuentan con un sistema de alarma que salta si se da alguna anomalía y entonces los encargados de gestionar este servicio acuden de inmediato para solucionarla. Pese a todo la legislación actual obliga a cumplir una serie de procesos de nitrificación y desnitrificación que estas plantas realizan ahora gracias a la labor que se hace en ellas pero que se hará totalmente mecanizado una vez que terminen las obras de mejora que está previsto que se inicien para el verano y que tendrán una duración de cuatro meses.
