La Diputación de Castellón anunció ayer la eliminación de la Mancomunidad turística del Maestrazgo después de seis años de inactividad. Se trata de una institución en la que estaban representados 57 municipios tanto del interior de Castellón como de Teruel y que trataba de impulsar el turismo en esta zona.
Sin embargo, pese a que la entidad tenía unos costes fijos de 8.000 euros al año, el propio presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, reconocía que llevaba ya seis años sin actividad. Esta anomalía habría supuesto un desembolso de casi 50.000 euros de dinero público para nada.
La decisión fue tomada ayer por Moliner y por la presidenta de Teruel, Carmen Pobo, ya que según el presidente castellonense, es el momento de apostar por vías de promoción turística «que, sin coste, generen beneficios para dos territorios hermanos».
Este hecho se une a la elevada deuda que tienen hoy por hoy algunas mancomunidades de la provincia de Castellón y la polémica que levantó la propuesta del propio Moliner en la llamada 'cumbre de Cabanes' de eliminar las instituciones que generan duplicidades.
De hecho, tras el anuncio, muchas de las mancomunidades se revelaron y, por ejemplo la de Els Ports, con mayoría de socialistas, recordó que hace menos de un año el PP había creado una nueva agrupación de alcaldes en la comarca, creando una segunda mancomunidad en la comarca con menos población de la provincia.
Asimismo, hay que recordar que algunas de estas instituciones comarcales arrastran elevadas deudas, como por ejemplo la del Espadà-Mijares, o la del Palancia.
En otro orden de cosas, las diputaciones de Castellón y Teruel reivindicarán de forma conjunta al Ministerio de Fomento la ejecución de la autovía A-68, una infraestructura que califican de «primordial» para el desarrollo de ambas provincias. Según ha explicado el presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, esta vía supone «la salida natural al mar para los turolenses, una vía de entrada de turistas para Castellón y un eje para el desarrollo de las dos provincias».
La reivindicación de la A-68 centró gran parte de la reunión que mantuvieron ayer Javier Moliner con la presidenta de la Diputación de Teruel, Carmen Pobo.
Moliner destacaba la necesidad de «mejorar la comunicación entre ambos territorios», que pasa por ejecutar la A-68 «con la reivindicación histórica de eliminar el tránsito por el Puerto de Querol». «Es una infraestructura que lleva décadas sin ejecutarse y que afecta a una zona tremendamente rica y con un potencial turístico por explotar», indicaba el presidente del palacio de la plaza de las Aulas.
El presidente provincial puso como ejemplo de «cómo se tienen que hacer las cosas para impulsar las comunicaciones entre dos territorios» la Autovía Mudéjar (A-23), «que ha demostrado los múltiples beneficios que ha traído a las dos provincias», matizaba por su parte la portavoz de la Diputación de Teruel, Emma Buj, también presente en la reunión.
La necesaria coordinación entre ambos gobiernos provinciales en materia de infraestructuras viarias que afectan a territorios comunes también fue abordada en la reunión de ayer en Castellón.
«Tenemos multitud de carreteras secundarias compartidas, hasta 240 kilómetros de red viaria que marca la frontera entre nuestras dos provincias, y queremos impulsar una mejor coordinación de nuestras administraciones para mejorarlas», dijo Moliner.
La presidenta de la Diputación turolense, Carmen Pobo, destacaba que ambas administraciones «tenemos mucho por lo que trabajar. Somos dos territorios hermanos y nos corresponde dar respuesta a inquietudes comunes que van desde temas turísticos a infraestructuras que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos de ambos territorios», explicaba.
Y es que, además, la A-68 debe conectar también el aeropuerto de Castellón con la provincia de Tarragona, ampliando el recorrido de la llamada autovía del Mediterráneo, para de esta manera prolongar la carretera. De hecho, el tramo que está acabado y que llega a la base de Vilanova la ha pagado la Generalitat y la parte que está por comenzar depende del Gobierno central.
